- En desafío al Estado de excepción, advierten con radicalizar.
Trinidad, Innovapress, 26 ago 2026.- La contención militar del Poder Ejecutivo en el oriente boliviano acaba de sufrir su primera fisura de la jornada. Durante la madrugada de este miércoles, un contingente de productores agrícolas y agropecuarios de la provincia Marbán, en el departamento del Beni, instaló un punto de bloqueo indefinido sobre la plataforma del Puente San Pablo, interrumpiendo la circulación de vehículos pesados y de pasajeros en la carretera estratégica que conecta la ciudad de Trinidad con el departamento de Santa Cruz.
La movilización civil desafía de manera directa los blindajes legales del régimen de seguridad vigente y exige la anulación total del Decreto Supremo 5676.
El detonante del descontento agrario beniano radica en la vigencia del denominado «diéselazo», la normativa gubernamental que suprimió la subvención estatal y fijó un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores del aparato productivo, ensanchando una brecha frente a la tarifa subvencionada de Bs 9,80 que el Gobierno de Rodrigo Paz mantiene de forma exclusiva para el transporte federado y usuarios particulares.
Los manifestantes apostados en los accesos del puente denunciaron que el nuevo costo de los carburantes vuelve inviable la actividad agrícola en las provincias orientales, disparando los costos operativos de siembra y cosecha de granos en pleno ciclo estacional.
La extrema medida de presión se ejecuta en abierta contravención al Estado de excepción que rige en el territorio nacional. Dicho régimen de excepción fue promulgado por el gabinete ministerial el pasado 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, una determinación activada tras una severa escalada previa de bloqueos de carreteras que asfixió el abastecimiento de los mercados urbanos.
La declaratoria extraordinaria tiene fijada una duración de 90 días calendario y, de acuerdo con los plazos legales establecidos, concluirá formalmente el próximo 18 de septiembre, otorgando facultades extraordinarias a las fuerzas del orden.
La normativa excepcional vigente habilitó de forma explícita la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo logístico y operativo a la Policía Boliviana, con el mandato estricto de restablecer el orden público y garantizar el libre tránsito en las rutas estratégicas fundamentales, priorizando el flujo regular de alimentos, combustibles y medicamentos.
De acuerdo con los reportes preliminares obtenidos desde el lugar del conflicto, en inmediaciones del Puente San Pablo permanece únicamente un reducido contingente de la policía departamental realizando labores de vigilancia y monitoreo táctico, mientras que los portavoces de los productores movilizados advirtieron que no levantarán las barricadas hasta lograr un pronunciamiento oficial de Palacio Quemado o el arribo de una comisión ministerial con poder de decisión para desactivar la norma.
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