- Productores advierten con medidas. Tras un tenso diálogo con el viceministro Hernán Paredes, las bases interculturales y agroproductores dejaron en suspenso el corte de la ruta troncal hacia Cochabamba, pero emplazaron al presidente Rodrigo Paz a anular el «dieselazo» de Bs 18.
Santa Cruz, Innovapress, 25 ago 2026.- Organizaciones sociales, la Federación de Interculturales y los productores agropecuarios de Yapacaní otorgó 48 horas al Ejecutivo para la abrogación del Decreto Supremo 5676. La resolución, que dejó temporalmente en suspenso el bloqueo indefinido de la carretera principal que conecta Santa Cruz con Cochabamba, advierte con activar medidas de hecho si su demanda no es atendida en el gabinete ministerial.
El pacto de tregua se consolidó la tarde de este martes tras la instalación de una mesa de negociación de emergencia en la sede de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios.
Hasta la zona de conflicto se trasladó una delegación oficial presidida por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, junto al vicepresidente de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacud, con la misión de desactivar el anunciado inicio de medidas de hecho.
Durante el encuentro, los delegados agrarios expusieron la inviabilidad económica de sostener el precio referencial de Bs 18 por litro de diésel fijado para los grandes consumidores, denunciando que la medida destruye los costos operativos del pequeño y mediano productor y encarece de forma automática la cadena de suministro alimentario.
La negociación estuvo marcada por una demostración de fuerza estatal en el área urbana. Desde las 05:00 de la madrugada, un contingente masivo de la Policía Boliviana y efectivos militares de la Octava División del Ejército, apoyados por vehículos blindados de asalto, tomaron el control y resguardaron estratégicamente los accesos al puente y el ingreso al municipio de Yapacaní.
El despliegue fue justificado por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien recordó que el territorio nacional se encuentra bajo un régimen de Estado de excepción vigente hasta el 20 de septiembre, marco constitucional que prohíbe de forma taxativa los bloqueos de carreteras y la afectación a la infraestructura crítica del Estado, delegando al contingente uniforme la orden estricta de prevenir disturbios empleando equipos de contención.
Ante la firmeza de los sectores movilizados, el viceministro Paredes se vio obligado a ceder terreno discursivo y admitir fallas estructurales en el plan de hidrocarburos.
La autoridad política reconoció públicamente que el Decreto Supremo 5676 no ha cumplido con los objetivos de regularización previstos y requiere modificaciones de fondo para asegurar un carburante competitivo.
Como mecanismo de contención inmediata para evitar el choque civil, el Ejecutivo se comprometió a gestionar ante el gabinete de ministros la propuesta de abrogación elevada por las bases, garantizando de forma paralela medidas paliativas como el despacho de 100.000 litros de diésel para cada estación de servicio de la zona, el desbloqueo de las tarjetas B-Sisa para los productores y la viabilización de refinerías móviles.
A pesar de los compromisos firmados en el Concejo Municipal, el Norte Integrado cruceño ratificó que no se desmovilizará y se declaró en estado de vigilia permanente. La dirigencia de Yapacaní advirtió que la suspensión del corte de rutas constituye únicamente una pausa de espera supeditada a que la propuesta de anulación llegue a manos del presidente Rodrigo Paz.
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