- Manolo Rojas anunció la reconsideración y aplazamiento de la propuesta que sancionará penalmente a los financiadores e instigadores de los cercos en el territorio nacional.
La Paz, Innovapress, 20 oct 2026.- El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, informó este martes que el polémico proyecto de la “Ley Antibloqueo” ingresó a una etapa de reconsideración procedimental en el Legislativo. Tras ser aplazado de forma temporal en la anterior sesión ordinaria, la propuesta legal volverá a tratarse formalmente en el plenario este jueves a partir de las 14:00 horas, manteniendo en su esquema punitivo penas de entre 3 a 10 años de presidio para quienes obstruyan de forma violenta los caminos del país.
El legislador oficialista aclaró que, debido a las observaciones y las mesas de concertación con distintos sectores gremiales y sindicales, la iniciativa legislativa ha modificado su denominación formal, estructurando una nueva estrategia de abordaje parlamentario.
“Ahora se llama Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano. Esta, según el procedimiento legislativo, en la cuadragésima primera sesión ha sido reconsiderada (…) ha sido aplazada”, puntualizó Rojas.
Ante las críticas que tildan la normativa como un mecanismo de persecución política, el diputado dijo que el texto constitucional respeta íntegramente las demandas reivindicativas tradicionales, desmarcando las huelgas de los delitos económicos transnacionales. “Protestar y hacer huelga está en todo su derecho. Al boliviano, a la boliviana que quiere protestar, que quiere hacer una huelga, está en todo su derecho”, aseveró Rojas.
Sanción penal contra financiadores
Rojas precisó que el núcleo duro de la reforma penal incorporará la figura jurídica de “obstrucción ilícita grave de vías públicas”, estableciendo condenas de 3 a 10 años de cárcel cuando las medidas de presión devengan en agresiones físicas a civiles o funcionarios encargados del orden público.
Puntualizó que el objetivo de las investigaciones periciales que se desprendan de los bloqueos de carreteras estará enfocado con precisión técnica en desarticular las redes económicas que sostienen los cercos logísticos a las ciudades.
De esa forma remarcó que las pesquisas identificarán con rigurosidad a los “financiadores, incitadores, autores inmediatos, mediatos e intelectuales” del desabastecimiento de alimentos y combustibles en el mercado interno boliviano.
Rojas planteó de forma extraordinaria la viabilidad jurídica de someter la aprobación final de esta política a un referéndum de consulta popular vinculante para que la población defina directamente las sanciones.
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