- El jurista y exdecano de Derecho de la UMSA sostiene que la norma municipal debe trascender lo meramente administrativo para repensar el poder local y garantizar derechos frente a los actos de gestión.

La Paz, Innovapress, 15 nov 2026.- La futura Carta Orgánica del municipio de La Paz debe incorporar de manera estructural el gobierno electrónico, mecanismos efectivos de control social, transparencia y garantías procedimentales para el ciudadano, sostuvo el abogado experto en gobiernos locales y Derecho Autonómico, Marco Centellas Castro.
“La Carta Orgánica de La Paz debe incorporar gobierno electrónico, transparencia, acceso a información, planificación participativa, responsabilidad institucional, control social y procedimientos accesibles para peticiones e impugnaciones. La organización municipal comprende autoridades y potestades, pero también derechos, obligaciones y garantías frente a los actos administrativos”, afirmó el jurista.
El pronunciamiento surge tras el lanzamiento de la metodología, el cronograma y los documentos base para iniciar la etapa de socialización y recolección de propuestas de la sociedad civil paceña, un proceso proyectado para extenderse durante un año, hasta finales de 2027.
Para el también exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el debate constitucional local constituye una oportunidad que debe responder a una interrogante de fondo: para qué necesita la urbe una norma básica institucional si actualmente ya ejerce autonomía, elige a sus autoridades, administra recursos y emite legislación municipal.
A criterio de Centellas, la verdadera utilidad de este pacto radica en rediseñar el ejercicio del poder local y su vínculo con la comunidad, definiendo con claridad cómo se gobierna, cómo se distribuyen las competencias, de qué manera fiscaliza la ciudadanía y qué resguardos protegen a los administrados.
“La Paz no es solamente una circunscripción geográfica. Es una comunidad compleja de barrios, macrodistritos, organizaciones sociales, actividades económicas e instituciones. Esa realidad no cabe en un organigrama”, manifestó.
Desconcentración y legitimidad
En su análisis, el especialista planteó que una discusión rigurosa sobre la norma autonómica debe examinar la representación territorial, el rol de las autoridades submunicipales, la desconcentración administrativa, las alternativas de descentralización y la coordinación entre el Ejecutivo edil y las comunidades. Para ello, sugirió revisar experiencias comparadas en asambleas ciudadanas y deliberación ampliada, sin caer en la copia de modelos foráneos ni vulnerar el marco de la Constitución Política del Estado.
Asimismo, advirtió que el debate debe ser estrictamente público y que su legitimidad dependerá tanto del rigor técnico de los planteamientos como de la participación real de los vecinos, remarcando que el reto no es únicamente aprobar el texto tras años de postergación, sino lograr una transformación institucional efectiva.
La ruta normativa
De acuerdo con el procedimiento autonómico vigente, una vez concluida la etapa de socialización, el Concejo Municipal de La Paz sistematizará las propuestas recibidas para redactar el proyecto final, el cual requerirá la aprobación de dos tercios de votos del pleno legislativo.
Posteriormente, el documento será remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control previo de constitucionalidad. De obtener la declaración de compatibilidad, el último paso consistirá en la convocatoria a un referéndum municipal para que la población paceña decida en las urnas su aprobación o rechazo.






