- El Ministerio de Gobierno confirmó que la Fiscalía ya presentó el requerimiento acusatorio provisional y solicitó la detención preventiva de los cuatro principales implicados en el caso Marset.
La Paz, Innovapress, 2 oct 2026. — La situación jurídica de la cúpula judicial aprehendida ingresó a una nueva fase procesal. El Ministerio Público formalizó la imputación en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior, Martín Irusta, y el mayor de Policía, Rubén Aparicio, atribuyéndoles la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La confirmación del requerimiento fiscal fue vertida la tarde de este viernes por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde compareció para detallar los pormenores del megaoperativo policial ejecutado en el eje troncal del país.
Oviedo precisó ante el pleno que el documento acusatorio establece de manera provisional la participación activa de los cuatro procesados en una supuesta red de encubrimiento y facilitación logística al narcotráfico internacional.
Respecto de los restantes diez aprehendidos durante los allanamientos en La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, la autoridad señaló que sus responsabilidades penales se definirán de manera individual conforme avancen las pericias técnico-científicas.
Las pruebas del expediente
La hipótesis del Órgano Ejecutivo apunta a que Mariaca ejercía el liderazgo de un engranaje incrustado en los altos estratos del Ministerio Público destinado a otorgar blindaje institucional a actividades ilícitas. Según la exposición ministerial, el cuaderno de investigaciones acumuló indicios de alto valor probatorio recopilados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
“El escrito menciona posibles mecanismos de protección institucional, referencias a la información de la Unidad de Investigaciones Financieras, material audiovisual e informe policial”, detalló el ministro Oviedo al describir los elementos normativos que sustentan la imputación.
La cartera de Gobierno informó que el expediente incluye actas de requisa de inmuebles, informes de acción directa de las unidades tácticas, inventarios y desprecintado de teléfonos celulares junto a dispositivos electrónicos, además del registro fotográfico y documental de los operativos en campo.
Piden reclusión preventiva
Paralelamente a la tipificación de los delitos, la comisión de fiscales asignada al caso incorporó en su memorial la solicitud expresa de detención preventiva para los cuatro sindicados en un centro penitenciario, argumentando riesgos de fuga y de obstaculización en el proceso. No obstante, Oviedo aclaró ante los legisladores que la última palabra sobre el futuro inmediato de los investigados recae estrictamente en el Órgano Judicial.
“La imputación incluye la solicitud de detención preventiva y cualquier decisión sobre su imposición, duración o sustitución requiere resolución judicial fundada conforme a nuestro Código de Procedimiento Penal”, complementó la autoridad gubernamental.
Tanto las exautoridades fiscales como el oficial policial permanecen bajo fuerte custodia en dependencias policiales en La Paz, a la espera de que el juzgado cautelar de turno fije hora y fecha para la instalación de la audiencia de medidas cautelares, acto donde las defensas técnicas intentarán desvirtuar los riesgos procesales planteados por el Estado.
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