- El Ejecutivo defiende la transferencia de la administración de institutos técnicos a las gobernaciones, acusa intencionalidad política y anuncia acciones legales frente a las sanciones sindicales contra docentes que acudan a dar clases.
La Paz, Innovapress, 9 nov 2026.- La paralización del servicio educativo dejó sin clases a miles de estudiantes en todo el país tras consolidarse este lunes la primera jornada del paro nacional de 48 horas del Magisterio Urbano. La medida sitúa al alumnado como el principal perjudicado ante la falta de acuerdos entre los docentes y el Ejecutivo.
La ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Miriam Ayala, ratificó el paro, las marchas y las huelgas de hambre en rechazo a la medida que traspasa la administración de los institutos técnicos superiores a las gobernaciones.
“No va la descentralización de ninguna unidad educativa”, sentenció la dirigencia. Ayala argumentó que la disposición constituye una descentralización encubierta que atenta contra la estabilidad laboral y fragmenta la educación fiscal.
A la presión de la dirigencia se añade la advertencia del Consejo Nacional de Disciplina Sindical. El órgano interno advirtió que aplicará sanciones directas y suspenderá de sus cargos a los maestros de base que no acaten la medida de presión.
El Ministerio de Educación desplegó una ofensiva institucional y mediática contra la dirigencia sindical. El ministro Erick Sanjinés descartó categóricamente cualquier intento de privatización y ratificó que el Estado mantendrá el cien por ciento de la financiación educativa.
“Decir que estamos privatizando la educación es mentir a la población. Transferir la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones no significa transferir el sector público al privado”, afirmó la autoridad.
La autoridad detalló que la medida busca modernizar la educación superior descentralizando la gestión operativa para responder a la vocación productiva de cada departamento.
Arremetió contra las resoluciones del Consejo de Disciplina del Magisterio, calificándolas de ilegales y arbitrarias. Adelantó que el Ministerio activará garantías constitucionales para proteger el derecho al trabajo de los educadores que no acaten la medida.
“Ante cualquier desobediencia al paro, amenazan con que los docentes serán suspendidos e incluso expulsados. Basta de dictadura sindical”, sentenció Sanjinés, al ratificar además que los días no trabajados serán descontados conforme a normativa.
Sin embargo, el Gobierno reiteró que las puertas del diálogo técnico continúan abiertas en la sede de Gobierno, condicionando cualquier avance a levantar las medidas de presión y garantizando la presencia de equipos normativos para despejar dudas sobre la estabilidad laboral del sector.
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