- Asambleístas del PDC y de oposición revelan que el padre y los hermanos del titular de la Cámara Baja controlan oficinas, viabilizan contratos espurios y realizan cobros del 10% de sueldos a nombre del partido. Las denuncias ya cursan ante la Contraloría y el Viceministerio de Transparencia.
La Paz, Innovapress, 25 oct 2026.- En medio de la pugna por la directiva camaral para la legislatura 2026-2027, legisladoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) formalizaron denuncias de nepotismo, prebenda y uso indebido de bienes públicos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar (PDC).
Las acusaciones, presididas por las diputadas Sandra Rivero (PDC) y Patricia Patiño, sostienen que todo el clan familiar de Castro opera e influye en las decisiones legislativas sin ejercer funciones públicas registradas, utilizando la infraestructura estatal como una estructura patrimonial privada.
De acuerdo con Rivero quien remitió documentos ante la Contraloría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia, los familiares directos de la autoridad ingresan a las dependencias legislativas con credenciales preferenciales institucionales y hacen uso discrecional de los ascensores de uso exclusivo para los legisladores.
La red familiar y la división de roles en el Legislativo
Las denuncias de fiscalización identifican al padre y a los hermanos de Roberto Castro, asignándoles funciones operativas específicas al interior de la Cámara Baja:
- Roberto Castro (Padre): Ha sido identificado observando de forma regular las sesiones desde el palco oficial y asiste a despachos específicos de la Asamblea, coordinando acciones con un bloque de personal en un piso entero que, según denunció la diputada Patiño, no asesora al pleno legislativo sino directamente al progenitor del titular de la Cámara.
- Alejandro Castro (Hermano): Es señalado como el operador político principal dentro del edificio legislativo. Las denuncias indican que de manera externa determina contrataciones, aprueba o rechaza currículums de personal y negocia con diversas bancadas parlamentarias, ofreciendo puestos de trabajo y comisiones a cambio de votos para viabilizar la campaña de reelección de su hermano.
- Nancy Castro (Hermana): Es sindicada de coordinar los cobros irregulares de dinero a los empleados de la Asamblea. Según las asambleístas denunciantes, se exige el desvío obligatorio del 10% de los sueldos y salarios del personal de la planilla del Legislativo bajo el argumento de aportes para el partido.
- Lía Castro (Hermana): De acuerdo con el esquema denunciado, actúa como el eslabón final de custodia, encargándose de resguardar los fondos en efectivo recolectados mensualmente por una operadora de cobranza de la Presidencia de la Cámara Baja.
Oficinas paralelas para allegados y extorsión salarial
Según las denunciantes, además existe la presunta habilitación de una oficina irregular en el piso 16 del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, destinada de manera exclusiva para el beneficio de personas allegadas al entorno del presidente, denominados públicamente como “pinky amigos”. Estas personas particulares dispondrían libremente de vehículos oficiales de la Asamblea en desmedro de los traslados oficiales de los legisladores electos.
A esto se suma la detección de irregularidades en el área de contratación de personal, tales como el proteccionismo a un funcionario jerárquico dentro de una supuesta unidad fantasma de coordinación que percibe más de Bs 10.000 portando un título profesional falso, además de personal involucrado en presunta venta de reconocimientos oficiales y delitos de cohecho.
Mientras desde la oficina de la Presidencia de la Cámara de Diputados se anunció que emitirán un descargo técnico tras haber estado concentrados en la agenda legislativa, y el propio Roberto Castro tildó de “locura” las denuncias de dádivas para su reelección, la diputada Sandra Rivero ratificó que presentará una demanda penal formal en los tribunales por prebenda y extorsión salarial, descartando dar su voto a favor de la continuidad de la actual jefatura rodriguista.
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