- La jefa de bancada Lissa Claros formaliza el pedido de desvinculación del legislador tras su inclusión en la lista de vetados de EE. UU., un duro golpe para un diputado que ya arrastraba cuestionamientos públicos por un escándalo en estado de ebriedad.
La Paz, Innovapress, 23 oct 2026. — La jefa de la bancada de la alianza Libre, Lissa Claros, informó este viernes que solicitaron a la Presidencia de la Cámara de Diputados apartar al legislador Rafael López de sus funciones, luego de que su nombre apareciera en la lista de ciudadanos bolivianos alcanzados por las restricciones de visas de los Estados Unidos.
La legisladora, contra quien tiene problemas López, sostuvo que la solicitud responde a una posición institucional para evitar que el trabajo de la Asamblea Legislativa se vea afectado y cuestionado en su independencia, especialmente durante el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado.
“De manera oficial, lo que nosotros hicimos fue solicitar al presidente de la Cámara de Diputados que lo pueda desvincular. No hay procedimientos legislativos como que pueda estar en la Comisión de Ética o también a través de una resolución camaral”, explicó.
Medidas ante los señalamientos internacionales
La representante de Libre aclaró que respetan la presunción de inocencia de las personas incluidas en la lista, pero consideró que corresponde adoptar medidas institucionales mientras se esclarecen los señalamientos.
“Hay que distinguir que nosotros no somos una instancia para juzgar, pero sí para pedir que se los aparte y ellos puedan demostrar su inocencia para que el trabajo de la Asamblea no se vea contaminado”, dijo.
Claros planteó dos alternativas para los legisladores involucrados: que soliciten una licencia temporal o que sean apartados de sus funciones mientras presentan descargos que permitan aclarar su situación. Asimismo, comparó el caso con la desvinculación del exfiscal general Roger Mariaca y pidió que se adopten determinaciones con la misma celeridad.
Antecedentes y crisis del legislador
La situación sitúa a Rafael Darío López Mercado en su peor momento político y en la cuerda floja parlamentaria. A la pérdida del respaldo de su propia bancada se suman antecedentes recientes que no hablan bien de él y que dañaron severamente su imagen pública, vinculados a problemas con el consumo de alcohol.
A mediados de septiembre de este año, López protagonizó un escándalo nacional al brindar una entrevista televisiva en vivo en un evidente estado de ebriedad.
Durante la transmisión, el legislador se mostró incapaz de articular ideas, arrastró la voz y evadió las preguntas del entrevistador.
Aunque posteriormente admitió el hecho argumentando que se trataba de un “error humano” durante un agasajo familiar en su domicilio y se negó a renunciar alegando que no cometió faltas en la vía pública, el episodio quebrantó de forma definitiva su posición dentro de Libre y agudizó las fracturas internas.
Acciones de fiscalización
En el plano institucional, Claros anunció que la alianza Libre solicitará formalmente al Ministerio Público que investigue a todas las personas incluidas en la lista. También adelantó que presentarán una petición de informe a través de la Cancillería para conocer la documentación que tiene Estados Unidos y que motivó la decisión.
“Cuando Estados Unidos toma una determinación así, no es porque no tenga indicios verdaderos, no es porque se le ocurra, no es porque diga que este diputado no le cae, las cosas no son así”, afirmó Claros, quien además cuestionó la presencia de exfuncionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fiscales y autoridades judiciales entre los sancionados.
A su criterio, esto alerta sobre la posible penetración del narcotráfico en instituciones del país.
Alcance de las restricciones
El pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia una nueva ampliación de las restricciones de visas que, según el documento, alcanzaría a 40 personas en Bolivia. De ellas, identifica nominalmente a 15 ciudadanos bolivianos e incluye a sus familiares directos.
Entre los nombres difundidos figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce; otros exfiscales, jueces, autoridades policiales y exfuncionarios públicos.
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