Senador Freddy Castillo defiende su propuesta y rechaza que elección de magistrados en el TCP y TSJ sea a dedo

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  • Propuesta para elegir magistrados judiciales por ternas en la Asamblea Legislativa derivada a Comisión de Constitución de Senadores

El senador Freddy Castillo del PDC/ arch referencial

La Paz, Innovapress, 3 jul 2026.- El senador del Partido Demócrata Cristiano-PDC, Freddy Castillo, defendió este viernes su propuesta de designar ternas para cubrir las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que en definitiva sea el Presidente del Estado designe a las autoridades judiciales.

Informó que su proyecto de ley para la designación de magistrados de manera directa, por ternas y sin voto popular, fue remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.

“Es una ley transitoria para designación de interinatos de vocales en la que participarán, las universidades, el Colegio de Abogados y las instituciones relacionadas. No es como dicen que la elección va a ser a dedo, no es así, sino que en la Asamblea Legislativa se va a conformar una terna de cada departamento y al final, será el presidente (del Estado) quien designe a las vocalías en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia”, explicó a Innovapress.

El legislador explicó que la iniciativa no fue considerada en el pleno mediante dispensación de trámite. No obstante, Castillo sostuvo que es necesario encontrar soluciones para garantizar la funcionalidad del sistema judicial ante las acefalías existentes, por lo que considera importante avanzar en el análisis y tratamiento de la propuesta.

El senador manifestó que la iniciativa busca atender la situación que atraviesa la administración de justicia y permitir el funcionamiento de las instancias correspondientes mientras se debate el mecanismo planteado en el proyecto de ley.

“Es una ley transitoria, es hasta que se convoque a una elección judicial. (…). El espíritu de la ley es que de estas termas se tenga en cada departamento y el presidente del Estado tiene que decidir”, afinó.

Asimismo, justificó la iniciativa señalando limitaciones para la realización de elecciones judiciales inmediatas y estimó que un proceso de ese tipo podría requerir más de 160 millones de dólares, por lo que consideró su planteamiento como una salida temporal a la crisis judicial.

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IP/RDC

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