- Recuerdan el compromiso del Estado boliviano para el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Áñez apela a no desentenderse de la obligación de cumplir con los derechos humanos.
La Paz, Innovapress, 12 sep 2025.- El Gobierno a través del Despacho de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur convinieron el viernes (12.09.2025) en advertir el riesgo de que los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba de 2019 queden impunes luego del acatamiento de un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Coincidieron en que las recientes anulaciones judiciales en los procesos por las masacres ocurridas hace seis años, ponen en riesgo el acceso a la Justicia, favorecen la impunidad y constituyen una revictimización para quienes perdieron a familiares o resultaron heridos en los operativos militares y policiales.
El pronunciamiento conjunto surge tras las decisiones de tribunales en El Alto y Sacaba, que en agosto y septiembre de 2025 anularon procesos judiciales contra policías y militares acusados por su participación en las masacres de 2019, donde al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas.
Además, remarcan que la anulación de expedientes judiciales contradice las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y del propio sistema de Naciones Unidas, que exigieron investigaciones prontas, imparciales y efectivas.
Sustentan que esta situación no solo pone en riesgo la credibilidad del sistema de justicia, sino también podría consolidar la impunidad, afectando los compromisos internacionales de Bolivia.
Gobierno
Por su parte, la ministra de Justicia, Jéssica Saravia, en rueda de prensa dijo que el Estado boliviano debe garantizar justicia y evitar la impunidad en los casos Senkata y Sacaba, como parte de sus compromisos internacionales con la CIDH y la Oficina Regional de la ONU Derechos Humanos.
“Es una obligación cumplir estas recomendaciones para evitar la impunidad y la revictimización, asegurando que las víctimas de Senkata y Sacaba reciban justicia y reparación”, sostuvo la autoridad.
La decisión judicial de trasladar los casos a juicio de responsabilidades derivó en la libertad de policías y militares procesados, lo que encendió las alertas de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos.
Jeanine Añez
La expresidenta Jeanine Áñez instó a la CIDH y a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a no desentenderse de la situación de los derechos humanos en Bolivia.
A través de sus redes sociales, la exmandataria reiteró que su detención desde el 13 de marzo de 2021 constituye, a su juicio, un “secuestro abusivo e ilegal”. Además, acusó al Gobierno del MAS de vulnerar las garantías del debido proceso para mantenerla privada de libertad.
“No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial”, posteó Áñez.
Una veintena de personas perdió la vida por impactos de bala en noviembre de 2019, cuando militares y policías fueron movilizados para intervenir manifestaciones civiles en Senkata (El Alto) y una marcha en Sacaba (Cochabamba).
También puedes ver: xSenkata y Sacaba: El Ministerio Público pide 30 años de cárcel para Jeanine Áñez por genocidio (video)
IP/RDC
