-Además de sus excolaboradores, exjefes policiales y militares por las muertes en 2019. Irán a juicio ordinario.

Sucre, Innovapress, 23 oct 2023.- El Ministerio Público presentó este lunes la acusación formal por el delito de genocidio en contra de la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, varios de sus exministros, exjefes militares y policiales por las muertes registradas en los hechos de violencia de Sacaba y Senkata durante la crisis social y política de 2019. Requirió 30 años de cárcel.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que hubo vulneración a los derechos humanos en las “ejecuciones sumarias”.

En la acusación, la Fiscalía establece que la exmandataria estuvo al mando de la “institucionalidad del Estado”, por lo que tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado y los operativos en Sacaba y en Senkata.

Además, recalcó que Áñez tiene principal responsabilidad en la emisión del Decreto Supremo 4078 conocido como el “decreto de la muerte” que libraba de culpa penal a los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía que participaron en los operativos conjuntos para restablecer el orden.

En ese marco, el Ministerio Público presentó las listas de acusados en ambos casos:

Sacaba:

Por el caso Sacaba fueron imputados: la expresidenta Jeanine Áñez; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de las FFAA; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Moisés Orlando Mejía, excomandante de la Armada Boliviana; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las FFAA; Alfredo Cuéllar Mercado, excomandante del CEO Cochabamba; Genero Ramos Espinoza, excomandante de la Séptima División del Ejército; Óscar Armando Caba Hurtado, excomandante de la Segunda Brigada Aérea; Boris Cristian Pastor Paz, excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Franz Vargas Gonzales, exsubcomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Danny Osvaldo Cuadro Rojas, excomandante del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 ‘Victoria’; Israel Rojas Valverde, exjefe del Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita; Rodolfo Antonio Montero, excomandante general de la Policía Boliviana; Jaime Edwin Zurita Trujillo, excomandante departamental de la Policía de Cochabamba.

Senkata

Por el caso Sacaba fueron imputados: la expresidenta Jeanine Áñez; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos; Luis Fernando Valverde, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las FFAA; Moisés Orlando Mejía, excomandante de la Armada Boliviana; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Franco Orlando Suárez, excomandante de la Mecanizada 1; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Eduardo Santiesteban, exsubcomandante del Regimiento de Satinadores 1 “Germán Busch” de Challapata; Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, exsubcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia; Rodolfo Antonio Montero, excomandante general de la Policía Boliviana; Julio William Cordero, excomandante departamental de la Policía de La Paz; Eloy Iván Rojas, excomandante regional de la Policía de El Alto.

“Todos ellos (son acusados) por la comisión del delito de genocidio (…) y a la conclusión del juicio oral se solicitará una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad”, precisó Lanchipa.

“La ciudadana Jeanine Áñez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, en el instante mismo en el que los operativos conjuntos se desarrollaban en el municipio de Sacaba”, añadió.

Dijo que estos hechos se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba, se recibieron 180 entrevistas informativas de efectivos militares, 110 entrevistas de funcionarios policiales y la declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha.

También se recopiló “una cantidad considerable de las pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, etcétera, que suman 350 (y que serán presentadas) en el juicio oral (junto a) 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos, 18 dictámines periciales, entre otros elementos”.

En el proceso investigativo, según el fiscal, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos. Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las FFAA, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos.

IP/RDC