-Sobre la destitución de dos altos jefes policiales vinculados presuntamente en el ingreso de vehículos dijo que los delitos son intuito persona.

La Paz, Innovapress, 3 may 2022.- “Bolivia no tiene por qué rendir cuentas a otros países, en este caso a Chile” respondió este martes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre el probable vínculo que hiciera un medio chileno de jefes policiales con el ingreso ilegal de vehículos robados de procedencia chilena.

“Nosotros no tenemos por qué rendir explicaciones a otros países, en este caso a Chile, somos un país que se maneja en el marco de nuestra soberanía”, enfatizó la autoridad.

Recordó que ya se trabajó de manera conjunta con países de otras regiones y en ese marco se entregaron una serie de vehículos a la República Federativa de Brasil, a la República de Chile, a Perú y a Argentina.

“Ya hemos trabajado de manera conjunta los medios de comunicación y el pueblo boliviano son testigos que estamos trabajando recuperando vehículos que se roban afuera de nuestras fronteras y que se introducen de manera ilegal por pasos no autorizados adentro del territorio nacional, vehículos robados o indocumentados”, señaló.

Acotó que la gran mayoría del elemento humano policial está comprometido con su país, con la Patria. “Y aquellos que alejen su conducta de las buenas prácticas del hombre y de la mujer boliviana tendrán que tener las sanciones ejemplares”.

Respecto a la situación de los dos jefes policiales, el subdirector de Diprove (Dirección de Prevención del Robo de Vehículos), Rolando Téllez y de Raúl Cabezas, comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, expresó que los delitos son personales.

“Los delitos en nuestro país como en todo el mundo son intuito persona, cada persona que comete un delito tendrá que acudir a las instancias correspondientes”, declaró.

Un medio televisivo chileno reveló en las últimas horas que probablemente ambos jefes policiales están involucrados en el ingreso ilegal de vehículos robados en Chile a territorio nacional, por lo que fueron apartados de sus funciones y sometidos a investigación interna de la Policía Boliviana.

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