- Se declaró ‘preso político’ y dice que le corresponde juicio de responsabilidades.
Arce, un reo más de San Pedro/ Redes
La Paz, Innovapress, 3 jul 2026.- El 10 de junio, el expresidente Luis Arce (2020-2025) cumplió seis meses de reclusión preventiva en el penal de San Pedro de La Paz acusado por el Ministerio Público de desvío de recursos públicos del Fondo Indígena, a estas alturas, el exmandatario agota todas las instancias para salir en libertad.
Es por ello que la defensa solicitó la cesación a la detención preventiva, informó su abogado, Fernando Rivadeneira. “Se ha presentado un memorial solicitando cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que los elementos que han fundado su detención”. “El juez tiene hasta tres días para señalar día y hora de la audiencia, continuó.
CIDH
A la par, el exgobernante acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando su situación jurídica. Según el abogado, en este momento el caso está en la fase de recolección de pruebas y que el Estado ya fue notificado.
“Esta demanda está ya instaurada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que ya se le habría notificado al Estado boliviano y claro, nosotros estamos poniendo como fundamento que también Luis Arce Catacora es un preso político, hay una intención manifiesta de tenerlo en detención preventiva”, sustentó el jurista.
Insistió en que su defendido debería ser procesado en cualquiera de los casos en un juicio de responsabilidades.
El argumento es que el supuesto delito del que se acusa a Arce, “incumplimiento de deberes”, se produjo en 2010, cuando era ministro de Economía y Finanzas del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), y estaba vigente una ley que permite la aplicación de un juicio especial para los titulares de los ministerios.
La Fiscalía General sustenta que Arce autorizó la transferencia de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) a cuentas particulares de dirigentes campesinos para proyectos e inversiones que en muchos casos resultaron fallidos.
El abogado reconoció que el juicio de responsabilidades ha sido rechazado en dos instancias de la justicia ordinaria, pero está confiado en que una sala constitucional tendrá una opinión distinta.
“Los rechazos de la justicia ordinaria son sistemáticos, esperemos que no sea así en la justicia constitucional. Presumimos que hay una posición gubernamental que repercute en los jueces”, acusó Rivadeneira.
Según el jurista, Arce autorizó la transferencia de recursos a cuentas particulares cumpliendo lo establecido en dos leyes, una sobre el manejo de recursos del Estado y otra sobre el funcionamiento del fondo, por lo que él no podía haberse opuesto al cumplimiento de normas aprobadas por el Legislativo de esa época.
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IP/RDC
