- Buscarán consenso entre las diferentes fuerzas políticas.
La Paz, Innovapress, 12 ago 2026.- La Cámara de Diputados abrió un proceso formal de negociación técnica y política para unificar cuatro proyectos normativos y consolidar una sola Ley de Inversiones para el país. La decisión se tomó tras el ingreso oficial, el pasado martes, de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo, un ambicioso documento de 103 artículos que busca sustituir la actual Ley 516 del año 2014 para dinamizar la atracción de capitales nacionales y extranjeros.
El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, confirmó este miércoles que se iniciarán acercamientos inmediatos con las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo con el fin de unificar criterios y viabilizar la norma por una amplia mayoría o, de ser posible, por dos tercios de votación.
“Con esta ley que ha ingresado ayer, que es la ley más ambiciosa, serían alrededor de cuatro (proyectos) y por eso vamos a empezar a trabajar los consensos porque hay bastantes leyes y criterios que deben ser unificados”, explicó la autoridad legislativa, detallando que la propuesta gubernamental será remitida a la Comisión de Política Económica y Finanzas, la cual dispone de un plazo reglamentario de 15 días para su análisis y socialización con el Ministerio de Economía.
Cuales son estos cuatro proyectos:
- Proyecto del Órgano Ejecutivo: La propuesta principal enviada por el Gobierno central (consta de 103 artículos y busca dar seguridad jurídica a largo plazo).
- Propuestas de Parlamentarios: Iniciativas presentadas por legisladores de oposición (como parlamentarios de bloques como APB Súmate y Libre).
- Propuesta del Sector Empresarial: Anteproyectos construidos y propuestos desde los gremios y el empresariado privado para reactivar la economía.
La del Ejcutivo
La denominada «Ley de Promoción, Protección y Facilitación de las Inversiones Productivas» del Ejecutivo plantea un paraguas de reformas estructurales que abarca incentivos fiscales agresivos y estabilidad jurídica por un periodo de hasta 10 años. Entre sus pilares destacan:
- Exenciones fiscales: Liberación total del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Gravamen Arancelario para la importación de bienes de capital, maquinaria y equipos productivos.
- Créditos al IUE: Beneficios tributarios imputables al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), condicionados al cumplimiento de metas de empleo, industrialización, innovación y exportaciones.
- Agilidad estatal: Creación de la Agencia Nacional de Inversiones y una Ventanilla Única para centralizar trámites, además de un régimen para Alianzas Público-Privadas (APP).
- Sectores estratégicos: Fijación de 19 áreas prioritarias revisables cada cinco años, incluyendo agroindustria, litio, energías renovables, minería, economía digital e inteligencia artificial.
El arbitraje internacional en el centro del debate
Pese al ambiente de apertura para buscar consensos, el proyecto ya enfrenta su primer gran escollo político en torno al mecanismo de arbitraje internacional para la solución de controversias.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defiende que estas soluciones arbitrales son viables y previsibles dentro de los límites de la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, legisladores de la opositora alianza Libre, afín a Jorge “Tuto” Quiroga, adelantaron su rechazo al texto tal como está redactado.
El diputado José Manuel Ormachea advirtió que su bancada no respaldará el proyecto si no se realiza una reforma constitucional previa sobre esta materia. Ante esto, el presidente de Diputados, Roberto Castro, evitó adelantar posiciones y remarcó que las modificaciones y puntos en disputa se definirán estrictamente durante el debate técnico en comisiones.
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