- Además de que a partir de 2027 el 50-50 sea una realidad.
La Paz, Innovapress, 27 ago 2026.- El blindaje hidrocarburífero del Ejecutivo recibió una estocada política desde su propia estructura territorial. Al concluir la tarde de este jueves el encuentro institucional de emergencia en la sede de Gobierno, la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia) y los alcaldes de las principales urbes del país notificaron de forma unánime al presidente Rodrigo Paz Pereira su exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5676.
La determinación municipal, que sepulta las intenciones del ministro Fernando Aramayo de sostener el combustible a 18 bolivianos, se acopló a un emplazamiento financiero estructural para que la coparticipación tributaria del «50-50» sea una realidad plena e irreversible a partir de la gestión fiscal 2027.
“En el análisis y por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los grandes consumidores”, sentenció el presidente de la FAM-Bolivia y alcalde tarijeño, Johnny Torres, al dar lectura al manifiesto resolutivo frente al propio jefe de Estado.
Los gobiernos locales justificaron el drástico quiebre político argumentando que el encarecimiento de los carburantes paraliza el aparato productivo regional, incrementa los costos logísticos de las comunas y desata una espiral inflacionaria incontrolable que asfixia de forma directa a las economías vecinales del país en pleno ciclo estacional.
La cumbre municipal, que sentó en la misma mesa a los presidentes de las Asociaciones Departamentales de Municipios (AMDEs) y delegados técnicos del Sistema Asociativo Municipal, desnudó la severa asfixia presupuestaria que padecen los municipios bolivianos.
Para evitar una quiebra técnica masiva en las regiones, la FAM planteó un pliego económico de contingencia inmediata que exige la reprogramación obligatoria de las deudas financieras de las alcaldías con la banca pública, además del reintegro y devolución total del 12% de los recursos confiscados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) originalmente destinados a fondos de exploración petrolera corporativa.
La resolución de los alcaldes dinamita por completo los globos de ensayo del viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, quien al ingresar a las deliberaciones pretendía encauzar la cita hacia el debate de una supuesta “agenda país” proyectada formalmente a los próximos 20 años.
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