- Cuatro iniciativas coinciden en que se debe actualizar la Carta Magna, la pregunta es: ¿Hay el músculo político para hacerlo?
Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 5 sep 2026.- El debate sobre la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 2009, volvió a la Asamblea Legislativa después de 17 años. Actualmente existen cuatro proyectos de reforma que buscan resolver las trabas legales para la llegada de inversiones, capitales y tecnología, además de mejorar la seguridad jurídica.
Las propuestas plantean al menos 30 cambios a un texto constitucional que, según sus impulsores, mantiene una economía demasiado estatizada. Los sectores políticos que asumieron el poder tras las elecciones de 2025 coinciden en la necesidad de reducir la participación del Estado en áreas que podría administrar el sector privado, lo que abre la posibilidad de concretar estas modificaciones si se mantiene la tendencia actual en el Parlamento.
Para llevar adelante este proceso se deben cumplir requisitos legales que incluyen la concertación de acuerdos entre las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la posterior consulta a la ciudadanía a través de un referendo.
¿Cómo encarar la reforma y cuáles son esas propuestas?
El pasado miércoles, dos de los proyectos ingresados al Legislativo fueron remitidos por el vicepresidente y presidente nato de la ALP, Edmand Lara, a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para su respectivo informe.
El artículo 411 de la CPE establece que la reforma parcial puede iniciarse mediante iniciativa popular con el 20 por ciento del electorado o por ley de la ALP aprobada por dos tercios de los miembros presentes, necesitando en ambos casos un referendo aprobatorio.
Este debate se da en un contexto social y económico adverso marcado por la crisis, la falta de combustible, la escasez de divisas y el descontento por la eliminación parcial de la subvención al diésel, medida que genera posiciones encontradas entre sectores sociales y empresariales.
A esto se suma el reclamo de los departamentos para cumplir la promesa electoral de una distribución de ingresos fiscales del 50/50 entre el Gobierno central y las regiones.
Entre las iniciativas presentadas se encuentran la del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, orientada a fortalecer las autonomías y descentralizar competencias en salud, educación, seguridad ciudadana y tierras; y la del diputado Carlos Alarcón (Alianza Unidad), que propone modificar 30 artículos para desmontar el modelo económico actual y convertir normas constitucionales en leyes especiales aprobadas por mayoría calificada.
Por otro lado, las propuestas del expresidente Jorge Tuto Quiroga —enfocada en apertura económica, arbitraje internacional y descentralización— y del diputado Juan del Granado —centrada en la reforma judicial y la evaluación de méritos en la ALP— no pasaron a la comisión mixta.
Acuerdos parlamentarios y pasos a seguir
Las bancadas de ambas cámaras alcanzaron un acuerdo para impulsar de forma rápida el proceso de reforma utilizando como base la propuesta de Carlos Alarcón, según informó el presidente del Senado, Diego Ávila. Explicó que se convocará a los demás poderes del Estado para coordinar los cambios organizacionales.
Por su parte, el diputado Alarcón detalló que el proyecto será tratado primero en el Senado por su representación departamental, luego pasará a Diputados para su aprobación por dos tercios y, finalmente, se convocará a un referéndum en un plazo de cuatro meses para que los ciudadanos decidan sobre los cambios.
La postura del Ejecutivo
En tanto, el presidente Rodrigo Paz señaló que el país cuenta con un respaldo superior al 87% en la ALP, porcentaje que calificó como histórico para transformar la Constitución y las leyes. Durante el Foro Económico Reconstruir sin ensayar, indicó que es responsabilidad de los líderes aprovechar este apoyo para superar las trabas que frenaron el desarrollo nacional.
Asimismo, Paz mencionó que es prioritario revisar las normativas de minería e hidrocarburos para elevar la producción, señalando como ejemplo la diferencia en los ingresos mineros anuales entre Bolivia (6.000 millones de dólares), Perú (50.000 millones) y Chile (65.000 millones).
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