- La actual administración municipal de El Alto la acusa a ella y y a siete de sus excolaboradores por un presunto daño económico superior a los Bs 2,1 millones tras aplicar un incremento de tarifas retroactivo.
El Alto, Innovapress, 8 sep 2026.- El Ministerio Público admitió una denuncia penal interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) en contra de la exalcaldesa Mónica Eva Copa Murga. El proceso legal, que involucra además a otros siete exservidores públicos entre secretarios, directores y asesores jurídicos de la anterior gestión, apunta a la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La acusación formal surge tras detectarse irregularidades financieras y un presunto sobreprecio en las liquidaciones económicas destinadas al servicio de aseo urbano y recojo de basura en la urbe alteña.
El origen del conflicto judicial se sustenta en una modificación contractual realizada en favor de la Empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trébol S.A.).
De acuerdo con la auditoría penal presentada por la alcaldía alteña, los exfuncionarios aplicaron un incremento de tarifas con carácter retroactivo a un servicio que ya se encontraba finalizado y consolidado.
Los datos técnicos del cuaderno de investigaciones detallan que la planilla correspondiente al mes de marzo fue fijada originalmente en 15,4 millones de bolivianos; sin embargo, tras firmarse una adenda extemporánea, la administración saliente terminó liquidando un total de 17,5 millones de bolivianos a la firma privada, generando un perjuicio económico directo de Bs 2.124.000.
Desde el área penal de la Dirección General de Asuntos Legales del municipio se informó que la exautoridad y sus colaboradores presentaron mecanismos administrativos forzados para viabilizar desembolsos retroactivos que no contaban con una partida presupuestaria previa asignada.
La actual gestión municipal remarcó que este caso forma parte de una política de fiscalización que ya identifica decenas de procesos por presunto daño económico acumulado durante el periodo de transición. Por su parte, el entorno legal de la exalcaldesa no ha emitido una contraparte oficial frente a la apertura de la causa, aunque en anteriores declaraciones calificaron las auditorías como acciones de persecución política.
Tras la admisión del trámite por parte de la Fiscalía de El Alto, las autoridades judiciales confirmaron que durante el transcurso de esta semana se emitirán de forma oficial las directrices de investigación y el cronograma de declaraciones testificales.
Con esta disposición, tanto Copa como los exsecretarios municipales y abogados implicados serán citados a comparecer ante el Ministerio Público para responder por las observaciones en el manejo de los fondos fiscales.
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