- A pesar de la promulgación de la norma que fija la garrafa en Bs 22,50, los vecinos de las zonas periféricas denuncian un desabastecimiento crónico y el florecimiento de un mercado negro.
- El decreto compensará a YPFB mediante Notas de Crédito Fiscal (NOCRES) para absorber los costos logísticos del diésel, pero la ANH no frena la especulación en las calles.
La Paz, Innovapress, 14 oct 2026. — En un intento político por frenar el paro general de las empresas distribuidoras y contener el descontento social, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5746. La norma legal modifica los componentes comerciales del sector de hidrocarburos con el objetivo exclusivo de congelar y mantener inalterable el precio oficial de la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilogramos en Bs 22,50 para el consumidor final.
Sin embargo, la realidad fáctica en las calles del eje troncal devela que el decreto es letra muerta: el producto ha desaparecido de las tiendas de barrio y los camiones repartidores, obligando a las familias a recurrir a un mercado negro de reventa ilegal donde el balón de gas se cotiza entre Bs 45 y Bs 50.
La ingeniería financiera y el subsidio estatal
El andamiaje del DS 5746 establece modificaciones al Decreto 5534, fijando el precio de venta del GLP de refinerías rígidamente en Bs 2,25 por kilogramo para que matemáticamente no se alteren los Bs 22,50 de la garrafa familiar.
Para calmar las protestas de las plantas engarrafadoras por el incremento de costos operativos tras el alza del diésel, el decreto reajusta los márgenes comerciales estableciendo un descuento de Bs 1,19 por kg en plantas y de Bs 1,53 por kg en refinerías, determinando un margen mayorista de Bs 0,75 y un margen minorista de Bs 0,90 (más IVA).
Estas variaciones destinadas a sostener el subsidio general serán cubiertas de forma interna por el Estado, compensando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mediante la emisión automática de Notas de Crédito Fiscal (NOCRES). No obstante, la propia disposición legal recuerda un dato macroeconómico crítico para el bolsillo de la población: el beneficio global de la subvención al GLP —regulado previamente por el DS 5667— concluye de forma improrrogable el próximo 31 de diciembre de 2026.
Desabastecimiento crónico y reventa en las provincias
Mientras la norma otorga plazos de 10 días al Ministerio de Hidrocarburos para aprobar metodologías y de 15 días a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para reglamentar fiscalizaciones de costos, las bases vecinales reportan que los camiones distribuidores dejaron de ingresar a las zonas alejadas.
Sectores vecinales de las laderas paceñas y de las ciudadelas cruceñas denunciaron que deben trasladarse cargando los balones vacíos hasta las plantas engarrafadoras principales debido a que en los almacenes zonales se ha generalizado la especulación civil.
En los mercados populares del oriente y el occidente, los revendedores clandestinos acopian los cilindros para comercializarlos con total impunidad a Bs 50, duplicando el costo fijado por el Órgano Ejecutivo ante la ineficacia de los operativos de control de la ANH.
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