- Con la venia del Escudo de las Américas, bloque al que se alineó el Gobierno de Bolivia, Estados Unidos reactivó la restricción de visados como mecanismo de sanción, bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Entre septiembre y octubre, al menos 74 ciudadanos fueron sancionados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El mandato de Donald Trump anunció más medidas.
Miguel E. Gómez Balboa
La Paz, Innovapress, 1 nov 2026.- Miércoles 30 de septiembre. Roger Mariaca es aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. Dos días antes, Estados Unidos lo puso en una lista negra de “funcionarios extranjeros corruptos” a los que restringió su visado para ingresar a su territorio. Así, caía el hombre fuerte del Ministerio Público, el Fiscal General que dirigía las investigaciones contra el asesor argentino Fernando Cerimedo, personaje que ha puesto en figurillas al gobierno de Rodrigo Paz.
Con el republicano Donald Trump como presidente, Estados Unidos ha vuelto a izar la bandera del retiro de visas como un mecanismo de sanción en la región, sobre todo contra ciudadanos embarrados por el narcotráfico y la corrupción. La medida ha provocado terremotos políticos y judiciales en cuatro países de Sudamérica: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, con lo cual se ha puesto contra las cuerdas a exautoridades, políticos, magistrados, jueces, empresarios y más.
El 28 de septiembre iba a llegar la primera oleada. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaba la revocación del visado vigente de 13 ciudadanos bolivianos y sus familias, y de otros nueve que no contaban con el documento migratorio, por lo cual no iban a poder gestionarlo. En la nómina figuraban un exministro de Justicia, fiscales, magistrados, jueces, un expresidente interino de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía y un empresario privado, entre otros.
El comunicado tenía un acápite especial para Mariaca, “por su participación en actos de corrupción significativa”, y lo acusó de “abuso de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”. Ello derivó en su aprehensión, su posterior envío a la cárcel potosina de Cantumarca y la detención de varios de sus colaboradores, todos señalados por vínculos con el capo uruguayo del narco Sebastián Marset.
De esta forma, la suspensión de visados asumida por Trump generó un sismo en el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, el temblor no fue solo en Bolivia, sino en otros países vecinos. En Colombia, la medida golpeó a una senadora de izquierda y a un empresario privado. En Perú, a un importante juez de Lima. Mientras que, en Ecuador, la visa estadounidense fue restringida a dos personas y sus respectivas familias, aunque no se publicaron sus identidades.
El documento del Departamento de Estado remarcó que “estas medidas de restricción de visados se adoptan de conformidad con el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe el ingreso a aquellas personas cuya entrada o actividades que se proponen pudieran tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos”. Asimismo, se dejó claro que cuentan con el aval del Escudo de las Américas.
El Escudo de las Américas es la coalición conformada por Trump en marzo de este año. Gobiernos de derecha de la región se alinearon a este proyecto de cooperación política y militar, como los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú… que otorgaron una carta blanca a Estados Unidos para dar rienda suelta a la cancelación de visas en dos reuniones celebradas en marzo y en septiembre, en Estados Unidos.
“Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en Estados Unidos. Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral, y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”, dice la declaración del 28 de septiembre.
Eso no fue todo. En octubre, se vino la segunda ola de retiro de visas, con el mismo efecto. La disposición estadounidense salpicó a 40 bolivianos y sus familias, entre ellos dos diputados nacionales, fiscales y exficales, jueces y exjueces, funcionarios y exfuncionarios públicos, y un ciudadano particular. La onda expansiva se extendió a Colombia, a cinco congresistas y excongresistas, un alcalde y el expresidente de la Ecopetrol, una de las cuatro principales petroleras estatales de Latinoamérica.
En total, Bolivia tiene 62 ciudadanos con la visa restringida, Colombia a nueve, Ecuador a dos, y Perú a uno. En territorio boliviano, se esperan las pruebas de Estados Unidos contra los implicados en corrupción y narcotráfico, aunque las investigaciones se han centrado en Mariaca y sus colaboradores, en un clima que recuerda a los “narcovínculos” de los años 90, cuando el expresidente Jaime Paz Zamora (padre del actual), se quedó sin visa, aunque la recuperó en 2001.
Revisa también: El fantasma de la Casa Blanca sacude al Órgano Judicial y arrastra a altos cargos del Gobierno de Rodrigo PazIP/RDC/MG
