Defensa de Cerimedo califica de ‘show político’ denuncias de Beller, desde Unidad y Libre le exigen aclaraciones

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  • La abogada Margarita Arce afirma que el estratega viajó a Santa Cruz para auxiliar a su expareja y niega autoría del atentado; paralelamente, Unidad y Libre cierran filas y exigen pruebas sobre la supuesta red de ‘sobresueldos’ de $us 5.000.
Nadia Beller se recupera desde su cama de internación en una clínica privada en Santa Cruz

Santa Cruz, Innovapress, 19 ago 2026.- El escándalo político y penal que estremece al Órgano Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de alta tensión con el contraataque legal de los involucrados. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, la defensa técnica del consultor argentino Fernando Cerimedo descalificó de forma tajante las graves acusaciones de la activista Nadia Beller, catalogando el caso como un «show político» orquestado por sectores de la oposición radical para desestabilizar la administración del presidente Rodrigo Paz.

La abogada Margarita Arce aseveró que su defendido no solo es inocente del intento de feminicidio, sino que pretendía auxiliar a la jurista tras enterarse del tiroteo en el Swiss Hotel mediante una llamada de emergencia.

De acuerdo con la versión de la defensa, Beller se comunicó con Cerimedo desde el centro médico a través de una conferencia tripartita junto a una doctora para reportar la emboscada. «De inmediato él compró un pasaje para venir a verla», argumentó Arce, detallando que el estratega digital conocía el estado de gestación de cuatro semanas y que un día antes la había acompañado a una consulta por complicaciones de salud.

Cerimedo permanece recluido a la espera de su audiencia de medidas cautelares fijada para este jueves cuando el fiscal departamental Alberto Zeballos ratificará el pedido de 180 días de prisión preventiva en Palmasola.

Unidad y Libre

La trama penal escaló al plano legislativo luego de que Beller —quien permanece bajo estricto resguardo policial— denunciara públicamente desde su cama hospitalaria que legisladores de las alianzas opositoras Unidad y Libre reciben «sobresueldos» mensuales de 5.000 dólares canalizados por el Ejecutivo para frenar la fiscalización. Ambas bancadas emitieron pronunciamientos de emergencia para frenar el impacto en la opinión pública:

  • Bancada de Unidad: Mediante un comunicado oficial, exigieron que la activista exhiba de forma inmediata la supuesta nómina de beneficiarios, advirtiendo que sus delaciones sin sustento provocan serios perjuicios al sistema democrático. Demandaron una indagación profunda «sin secretos» para establecer si Beller dice la verdad o miente.
  • Bancada de Libre: Rechazaron las afirmaciones tachándolas de condenas mediáticas infundadas. Desafiaron a la jurista a formalizar la denuncia con elementos verificables ante las instancias competentes, recordando que como prueba de su total independencia política ellos mismos respaldaron el martes la histórica censura y destitución del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Sindicaciones salpican a la primera dama y exigen quitar la reserva

Los alcances de las delaciones de la abogada cruceña han forzado al vocero presidencial, José Luis Gálvez, a ensayar un complejo cordón de aislamiento informativo, calificando de «arriesgadas» las sindicaciones que tocan las fibras más sensibles del Palacio Quemado.

Beller aseguró que su relación con Cerimedo le permitió atestiguar cómo el argentino operaba como nexo para el despegue de avionetas ligadas al narcotráfico bajo la fachada de un monitoreo de radares, e involucró directamente a la esposa del mandatario, Bibi Urquidi, en el cobro de comisiones irregulares dentro del mercado internacional de importación de diésel y gasolina.

Ante la magnitud del caso, Beller exigió formalmente a la Fiscalía General del Estado levantar la declaratoria de reserva procesal, argumentando que el blindaje judicial suele emplearse para desviar la atención de la prensa y facilitar la posterior liberación de los implicados.

Mientras el oficialismo y cuentas afines en redes sociales despliegan una campaña de descrédito cuestionando la veracidad de los tres impactos de bala y sugiriendo un presunto «autoatentado», el Ministerio Público se ve obligado por ley a activar de oficio una múltiple investigación penal que abarca desde la tentativa de feminicidio bajo la Ley 348, hasta delitos financieros conexos de lavado de dinero, extorsión y narcotráfico.

Revisa también: Tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, los dos delitos por los cuales debe responder Cerimedo

IP/RDC

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