- Mientras el ministro Marco Antonio Oviedo guarda silencio, el vicepresidente Edmand Lara exige al Viceministro de Régimen Interior hablar con la verdad sobre las deudas que reclama la delincuencia. Defensa anuncia el refuerzo del patrullaje militar.
La Paz, Innovapress, 3 nov 2026.- El crimen organizado ha puesto en su punto de mira a las altas esferas del poder Ejecutivo en Bolivia. En medio de una preocupante ola de violencia e inseguridad, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, se ha convertido en el blanco de una serie de amedrentamientos directos que salpican al aparato de seguridad estatal, mientras la autoridad afectada y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, mantienen un absoluto hermetismo sobre las acusaciones que pesan en su contra.
La gravedad de la situación motivó el pronunciamiento del vicepresidente Edmand Lara, quien exigió públicamente a Maldonado aclarar la naturaleza de estos mensajes intimidatorios antes de que se registren nuevas muertes.
El emplazamiento surge tras confirmarse que a la fecha suman cuatro las intimidaciones públicas dirigidas al viceministro, entre las cuales destaca el hallazgo de un indigente acribillado en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra con un letrero adherido al cuerpo que rezaba: “Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante los muertos que hayan van a estar en tu conciencia, paga la deuda”.
Frente a la inacción ministerial, el Vicepresidente cuestionó duramente la falta de explicaciones y demandó transparencia institucional sobre el origen del conflicto. “El Viceministro tiene que explicarle al país qué está pasando, quién lo amenazó, qué deudas tiene. Son deudas por préstamos de dinero o son deudas con el crimen organizado, pero preocupa (…). Al señor Peter Maldonado decirle: no esperemos que cobren una vida más, aporte a las investigaciones, dé la información necesaria al Ministerio Público y a la Policía. Qué deudas tiene usted, qué problemas ha tenido”, aseveró Lara, señalando además que es extraño el silencio guardado por el viceministro y la falta de pronunciamiento del ministro Oviedo.
La secuencia de amedrentamientos comenzó el 20 de octubre en Cobija con la difusión de una fotografía de un hombre ejecutado y un texto que aludía a un supuesto acuerdo incumplido. A ello se sumó un video en el que dos sujetos armados con fusiles automáticos le otorgaban un plazo de 24 horas, la ejecución del hombre en situación de calle en Santa Cruz —elegido de manera aleatoria según admitió el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez— y la posterior aparición de un letrero con otro ultimátum en la avenida Milton Parra de la capital cruceña.
Ante el evidente desbordamiento de la capacidad operativa policial en el oriente del país, Lara planteó la necesidad de una renovación en los mandos de la institución del orden para investigar posibles colusiones con redes delictivas.
Entre tanto, desde la cartera de Defensa se optó por la militarización preventiva de los centros urbanos. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que se reforzaron las patrullas en las calles y señaló: “Me gustaría que esto se investigue y lamentamos este tipo de amenazas porque lo único que hacen es generar un problema de seguridad que lo estamos atendiendo”.
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