- Argumenta que no tuvo participación en el millonario desfalco.
La Paz, Innovapress, 25 ago 2026.- En un intento desperado por dejar las celdas, el expresidente Luis Arce (2020-2025) solicitó al Ministerio Público la ampliación de su declaración dentro del caso Fondo Indígena. Anunció la presentación de un dossier con copias de actas y documentación técnica de descargo que, según sus abogados, demostrarían que no tuvo participación ni responsabilidad en los hechos de corrupción y malversación investigados.
Arce se encuentra recluido desde el 10 de diciembre de 2025 por presunta corrupción, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en un millonario desfalco al Estado relacionados con el caso del Fondo Indígena durante su etapa como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
El abogado defensor, Fernando Rivadeneira, develó que la petición jurídica fue ingresada mediante un memorial ordinario y que, ante el prolongado silencio y la falta de respuesta de la comisión de fiscales, la defensa procedió a reiterar la solicitud este lunes 24 de agosto.
El objetivo central del recurso radica en lograr que la comisión del Ministerio Público se constituya de forma física en el recinto penitenciario de San Pedro para tomar la declaración ampliatoria del exmandatario.
Rivadeneira afirmó que, tras una revisión técnica minuciosa de las carpetas de investigación, la defensa ahora cuenta con elementos probatorios sólidos que pretenden poner a consideración de la Fiscalía para fundamentar la solicitud de un sobreseimiento definitivo en favor de su cliente.
Entre los descargos que integran el expediente de la defensa, se destaca documentación contable y administrativa del Ministerio de Economía que certificaría que Luis Arce no formó parte del directorio del extinto Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) en los periodos señalados.
Asimismo, el abogado anunció la presentación de las leyes y normativas marco referidas a la transferencia directa de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes agrarios, argumentando que dicho entramado legal fue aprobado explícitamente por la Asamblea Legislativa y no por el despacho del entonces ministro de Economía del gobierno de Evo Morales.
El caso penal, que investiga los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, se remonta originalmente a la gestión 2009 y envuelve un millonario desfalco calculado en torno a los mil millones de bolivianos destinados a proyectos productivos rurales que nunca se ejecutaron.
La Fiscalía mantiene la tesis acusatoria de que Arce avaló administrativamente el desvío de los fondos estatales hacia cuentas privadas de particulares —incluyendo depósitos a la exdiputada Lidia Patty—, una postura que el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría respaldaron al exigir la continuidad de la reclusión bajo el argumento de que el exmandatario aún ostenta un fuerte poder de influencia política sobre los testigos clave vinculados al proceso.
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