- No es la primera vez que este administrador de justicia actúa de tal manera; el ministro Oviedo denunció públicamente sus fallos. Acumula antecedentes por beneficiar al entorno de Sebastián Marset, Misael Nallar y la liberación de peligrosos investigados.
La Paz, Innovapress, 29 oct 2026. — Un nuevo choque entre el Órgano Ejecutivo, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial se desató tras la denuncia pública presentada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien cuestionó duramente la resolución emitida por el juez de Instrucción Penal y Anticorrupción de Santa Cruz, Primo Felipe Flores Rodríguez, al haber otorgado libertad pura y simple a seis miembros de la banda criminal internacional “Los Espartanos”.
El caso se remonta al 6 de abril del presente año, cuando una denuncia vecinal en la zona Paulito del Plan Tres Mil (Santa Cruz) motivó la intervención policial. En el lugar, los efectivos fueron recibidos con disparos de armas de fuego de grueso calibre, desencadenando un enfrentamiento armado que requirió el despliegue de unidades de élite e Inteligencia.
El operativo concluyó con la aprehensión de 13 personas —11 de nacionalidad colombiana y dos bolivianas—, entre ellas Jorge Issac Campaz Jiménez, alias “Mayapa”, quien operaba con la identidad falsa de Diego Fernando Pedrosa García y contaba con notificación roja de la Interpol a solicitud de Colombia por delitos de narcotráfico, extorsión y sicariato. Campaz ejercía el liderazgo de “Los Espartanos”, una estructura mercenaria de más de 1.700 integrantes ligada a grupos terroristas en el Pacífico colombiano.
Pese a que la Fiscalía inició el proceso penal por tentativa de homicidio y portación ilegal de armas contra los efectivos intervinientes, el juez Primo Flores Rodríguez otorgó la libertad pura y simple a seis de los implicados. La liberación del cabecilla de la organización fue frenada únicamente por un operativo estratégico coordinado entre el Comando General de la Policía Boliviana, a cargo del coronel Adrián Álvarez, e Interpol Colombia, permitiendo su aprehensión en el acto para su posterior expulsión e inmediata extradición.
Un historial reiterado de resoluciones cuestionadas
La actuación del juez Primo Flores en el caso de “Los Espartanos” se suma a un historial de cuestionadas decisiones judiciales que ya motivaron múltiples denuncias penales e intervenciones del Consejo de la Magistratura en su contra.
Entre sus antecedentes más relevantes figura la resolución en el caso Sebastián Marset, donde otorgó la cesación de la detención preventiva y benefició con arresto domiciliario a Erlan García López, alias “El Colla”, identificado por los organismos de inteligencia como el principal testaferro y socio operativo del capo uruguayo. Este fallo derivó en la apertura de procesos penales contra el juzgador por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución.
Asimismo, el Ministerio de Gobierno promovió acciones penales contra Flores Rodríguez por emitir fallos favorables a personas vinculadas al entorno de Misael Nallar, principal acusado del triple asesinato de policías en Porongo en 2022.
En el mismo historial procesal, la Fiscalía admitió investigaciones en su contra por favorecer con detención domiciliaria al exjuez Manuel Baptista, procesado por liberar indebidamente a un sentenciado por violación, acumulando a la fecha al menos cinco procesos penales y disciplinarios por prevaricato e incumplimiento de deberes.
Frustración institucional en las filas policiales
Frente a esta coyuntura, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, lamentó la falta de acompañamiento del Órgano Judicial en la lucha contra la delincuencia transnacional y el crimen organizado, que intenta afianzarse en el país mediante el accionar de carteles como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho y células de sicariato internacional.
“Al cabo de algunos meses advertimos que estos ciudadanos fueron liberados de toda responsabilidad en función de las órdenes de referencia”, señaló la autoridad policial, remarcando que la institución del orden enfrenta una contienda desigual cuando los operadores de justicia revierten el trabajo operativo y de inteligencia desplegado en campo.
El Ministerio de Gobierno confirmó que mantendrá la ofensiva jurídica contra el juzgador cruceño, mientras se ejecutan los trámites de expulsión y entrega de los delincuentes extranjeros a sus países de origen.
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