- Las investigaciones revelan el retiro irregular de valijas de la residencia del narcotraficante uruguayo; la defensa del capitán procesado apunta a mandos superiores. Otro policía de alto rango, el capitán Ruiz en la cárcel.
La Paz, Innovapress, 29 oct 2026. — A siete meses de la intervención policial en la residencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz, el caso dio un giro procesal tras la difusión de un registro audiovisual que expone el retiro irregular de valijas y una caja fuerte del inmueble.
La revelación de estas imágenes, sumada a la aparición física de los bultos en dependencias policiales de La Paz, derivó en la detención preventiva por 180 días del capitán Guillermo Junior Ruiz Guzmán en el penal de Qalahuma, además de involucrar directamente en la cadena de mando al coronel Óscar Fernando Moreno y al teniente coronel Erick Correa.
El eje central de las pesquisas radicadas en la sede de Gobierno gira en torno a un video difundido recientemente, el cual documenta el momento en que efectivos policiales que participaron en el operativo original de marzo pasado retiran equipaje y dispositivos de la propiedad de Marset sin que dichos objetos fueran consignados en las actas oficiales de secuestro.
Frente a la contundencia de la prueba fílmica y su imputación por cinco delitos —incluyendo concusión, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias—, la defensa legal del capitán Ruiz introdujo un elemento que apunta a la cúpula operativa: el oficial sostuvo que no actuó por iniciativa propia, sino en cumplimiento de instrucciones directas impartidas por su entonces superior, el coronel Óscar Fernando Moreno.
De acuerdo con los reportes de la investigación y las declaraciones de la defensa, el coronel Moreno —quien actualmente cuenta con mandamiento de aprehensión y es buscado por las autoridades— habría ordenado vía mensajes de comunicación el traslado de las maletas y la caja fuerte fuera de la escena del operativo inicial.
A la orden de aprehensión que pesa contra Moreno se suma la situación del teniente coronel Erick Correa, también señalado dentro de las diligencias sobre el manejo irregular de evidencias del caso Marset. Según los antecedentes expuestos en el proceso, Correa mantuvo coordinaciones con los subalternos mientras se ejecutaban los traslados de los bultos hacia la sede de Gobierno.
La comisión de fiscales sostiene que la aparición de estas maletas —encontradas durante una requisa en instalaciones policiales de Alto Següencoma— destruye la coartada de que los operativos se ejecutaron bajo un estricto control de inventarios.
Para el Ministerio Público, la existencia de directrices paralelas para desviar o apropiarse de evidencia material confirma la operación de una estructura de encubrimiento entre mandos medios y superiores.
Durante la audiencia cautelar, la representación fiscal acreditó riesgos procesales de obstaculización y peligro de fuga, argumentando la capacidad de influencia sobre efectivos subalternos que participaron en la custodia del inmueble del ciudadano uruguayo.
Pese a los argumentos de la defensa técnica, que intentó deslindar la responsabilidad penal del capitán Ruiz al señalar su condición de subordinación ante las directrices del coronel Moreno, la autoridad jurisdiccional del Juzgado de Instrucción en lo Penal determinó su reclusión preventiva por el lapso de seis meses en el Centro de Rehabilitación Qalahuma, en Viacha.
El proceso ingresa ahora en una fase de pericias forenses sobre los soportes digitales recuperados y la triangulación de comunicaciones entre los jefes policiales implicados, mientras la institución del orden enfrenta las repercusiones institucionales del manejo de evidencias.
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