- El viceministro Yamil García destapó una red de irregularidades en contratos de aceite de soya por Bs 1.057 millones, apuntando a que el directorio eliminó las garantías estatales para beneficiar a un solo proveedor.
La Paz, Innovapress, 26 ago 2026.- Un nuevo y millonario escándalo de presunta corrupción sacude a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, informó este miércoles de un daño económico al Estado que supera los 870 millones de bolivianos vinculado a las operaciones y suministro de materia prima para la Planta de Biodiésel N.º 1, emplazada en el departamento de Santa Cruz.
De acuerdo con el informe de auditoría especial, la investigación penal se concentra de forma específica en la tramitación y ejecución de dos contratos para la provisión masiva de aceite crudo de soya.
Ambas adjudicaciones estratégicas fueron entregadas de manera consecutiva a un mismo proveedor empresarial, sumando un valor aproximado de 1.057 millones de bolivianos. Las pesquisas evidenciaron que la firma privada incumplió de forma absoluta con sus obligaciones de entrega del producto, paralizando los cronogramas de refinación de biocombustibles en el país.
El eje central de la denuncia penal radica en el desmantelamiento intencional de los mecanismos de seguridad financiera del Estado. Transparencia cuestionó con dureza que la estatal petrolera YPFB haya operado sin las garantías obligatorias que, por ley, permiten recuperar los fondos públicos ante un incumplimiento de contrato.
García detalló que en este tipo de operaciones comerciales de gran envergadura la normativa exige de forma taxativa la presentación de dos respaldos: la boleta de cumplimiento de contrato —equivalente al 7% del valor total adjudicado— y la boleta de correcta inversión de anticipo. En este proceso, la administración de la subsidiaria omitió de forma deliberada la exigencia de ambos requisitos regulatorios.
La fiscalización estatal determinó que una modificación irregular al reglamento interno de garantías, aprobada expresamente por el directorio de YPFB Refinación, abrió las compuertas legales para favorecer al proveedor de soya.
Mediante esta alteración normativa, los ejecutivos eliminaron la exigencia del seguro de anticipo y establecieron que, para contratos superiores a 1 millón de bolivianos, la garantía de fiel cumplimiento podía ser reemplazada por una simple retención porcentual sobre planilla.
Ante esta flagrante vulneración, el viceministro García sentenció que todos los altos funcionarios que participaron y firmaron dichas resoluciones corporativas son considerados civil y penalmente corresponsables dentro de la causa.
El caso de la Planta de Biodiésel N.º 1 ya arrastraba previas denuncias públicas en el Parlamento por un presunto sobreprecio en su construcción e implementación tecnológica; sin embargo, este nuevo informe de Transparencia da un giro de timón al incorporar la manipulación dolosa en la compra de insumos básicos.
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