- Transparencia confirmó que existe una instrucción expresa del Despacho de Rodrigo Paz para llegar al fondo de las denuncias, mientras la Fiscalía avanza con una investigación de oficio.
La Paz, Innovapress, 26 ago 2026.- El Gobierno ensayó un viraje en su estrategia de contención discursiva frente al escándalo que sacude el entorno presidencial. Por instrucción expresa del presidente, Rodrigo Paz, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción activó un plan de fiscalización e investigación «minuciosa» sobre las operaciones financieras, nexos políticos y denuncias que pesan en contra del consultor y exasesor de comunicación gubernamental, Fernando Cerimedo.
El viceministro del área, Yamil García, informó que el Ministerio Público ya procedió a la apertura de oficio de una causa penal por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas contra Cerimedo, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal de Palmasola por tentativa de feminicidio.
La autoridad anticorrupción detalló que el proceso cuenta con una comisión de fiscales asignada en la sede de Gobierno, cuya tarea prioritaria será cruzar los flujos financieros del sospechoso y determinar con exactitud el grado de participación o corresponsabilidad de terceros en el entramado bajo pesquisa.
“Hemos recibido una instrucción expresa de parte del despacho presidencial de poder realizar una investigación minuciosa en relación a cada uno de los hechos que se han señalado», apuntó García durante una rueda de prensa.
Con este movimiento de fichas, el Órgano Ejecutivo abandonó la postura inicial de circunscribir el conflicto a un simple «asunto privado de pareja” —tesis que defendió públicamente el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora—, asumiendo ahora un rol activo como parte coadyuvante del Ministerio Público y poniendo todas las bases de datos del Estado a disposición de los investigadores para esclarecer la procedencia de los fondos secuestrados en los allanamientos.
“Todo debe investigarse, todo debe esclarecerse”, sentenció el viceministro García, enfatizando que la meta del Gobierno es desarticular las sospechas que apuntan al Palacio Quemado.
La investigación penal por lavado de activos echa raíces tras el hallazgo de cuantiosas sumas de dinero en efectivo y el desmantelamiento técnico de lo que la Policía describió como una “mini granja de bots” destinada a la manipulación digital. Mientras las fuerzas de la oposición cierran filas en la Asamblea Legislativa demandando auditorías caiga quien caiga, la orden presidencial de transparencia intenta arrebatarle banderas de fiscalización al parlamento, en un escenario donde el silencio del jefe de Estado sigue bajo el riguroso escrutinio público.
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