- Tras las declaraciones del viceministro Peter Maldonado, quien acusó al encarcelado Roger Mariaca de pagar sueldos a parlamentarios afines, las bancadas exigieron transparentar las listas.
- El diputado Carlos Alarcón pidió que la Cancillería canalice los informes oficiales, mientras el jefe de bancada de Libre, Rafael López, demandó pruebas inmediatas.
- Edmand Lara negó cualquier nexo y retó al Ejecutivo a revisar sus registros telefónicos.
La Paz, Innovapress, 8 oct 2026. — Lo que comenzó como una purga judicial en el Ministerio Público ha detonado un sismo político de proporciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Tanto así que legisladores del oficialismo y de la oposición exigieron este jueves al recién posesionado viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, presentar pruebas materiales y los nombres de los legisladores que integraban la supuesta red de protección económica del encarcelado exfiscal general, Roger Mariaca.
La tormenta política estalló tras las declaraciones de Maldonado, en las que tildó de “narcofiscal” a Mariaca y afirmó que “tiene bancada tanto en Diputados como en Senadores, tiene diputados que le responden a él”. El viceministro aseguró que diversos asambleístas actuaban bajo financiamiento directo del ex jefe del Ministerio Público para frenar su detención.
El Legislativo exige pruebas y fiscalización inmediata
La reacción en la ALP no se hizo esperar, provocando que las principales fuerzas políticas demanden levantar la reserva de la causa para frenar las susceptibilidades generalizadas. El jefe de bancada de la Alianza Libre en la Cámara de Diputados, Rafael López, calificó las acusaciones del Ejecutivo como “preocupantes” y conminó a Maldonado a respaldar sus dichos.
“Exigimos que estas acusaciones sean esclarecidas y respaldadas con pruebas en nombre de la bancada. Libre se encuentra completamente dispuesto a que se investigue a sus miembros para desestimar cualquier nexo con el exfiscal”, aseveró López.
Por su parte, el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, fue categórico al señalar que el Órgano Legislativo no puede guiarse por especulaciones mediáticas. Recordó que desde un inicio planteó que el proceso contra Mariaca debe basarse en canales institucionales limpios. Sostuvo que se deben activar los procedimientos parlamentarios rigurosos sobre la base de la información oficial que la Cancillería del Estado solicite a los organismos internacionales que destaparon los nexos criminales.
En sintonía, el senador José Manuel Ormachea conminó al Gobierno a cruzar los datos de las votaciones en el pleno: “Que investiguen cómo votan las bancadas de los ministros y que levanten las listas si es que tienen los nombres, porque dejar la acusación en el aire ensucia a los 166 parlamentarios”.
El contragolpe de Edmand Lara y el misterio del “Amigo M”
El quiebre discursivo definitivo llegó por parte del vicepresidente, Edmand Lara, quien rechazó de forma enérgica cualquier vínculo o comunicación con Mariaca, actualmente recluido en el penal de Cantumarca.
El segundo mandatario remarcó que las listas y acusaciones externas no reemplazan el debido proceso, pero desafió de forma abierta al Ministerio de Gobierno a realizar un peritaje forense a sus cuentas y registros de llamadas.
Sin embargo, aprovechó la coyuntura para lanzar un duro contragolpe político dirigido hacia el nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste, exigiéndole que actúe con imparcialidad y que investigue de verdad los hilos del poder.
Conminó a la Fiscalía a transparentar las filtraciones de audios vinculadas al asesor político argentino Fernando Cerimedo, demandando que se esclarezca judicialmente la identidad del enigmático “amigo M” que operaba en las sombras junto a la estructura de Mariaca.
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