-Se encontraban cumpliendo su tarea de lucha contra el contrabando, en ello, traspasaron unos 15 kilómetros la frontera, fueron reducidos cual viles delincuentes. Los consideran un peligro para la sociedad chilena.

Innovapress, 11 sep 2121.- En el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte remitió el sábado con detención preventiva por 90 días al penal de Alto Hospicio a los tres efectivos militares del Centro Estratégico Operacional (CEO) detenidos por Carabineros en Colchane, la madrugada del miércoles.

“Se rechaza las peticiones de la defensa, se estima que la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y se encuentra suficientemente fundado y hay presupuesto material que habilitan a una medida cautelar, estimándose que esta es una medida idónea para garantizar los fines de procedimiento y porque además es la que ha establecido nuestro legislador para este tipo de casos. En razón de aquello se hace lugar a los pedidos de la fiscalía y se rechazan las peticiones de la defensa”, dice la resolución judicial.

Así la juez de Garantías de Pozo Almonte, Daniela Gutiérrez Albornoz, dio lugar a la petición de la Fiscalía de Tamarugal y dispuso la detención preventiva por 90 días mientras se encaran las investigaciones por delitos de robo de vehículos particulares e intimidación con armas de fuego en territorio extranjero.

La jurista consideró válidos los argumentos del fiscal jefe de Tamarugal, Hardy Torres, quien indicó que una posible libertad de los detenidos constituye un peligro para la sociedad chilena. La audiencia duró más de tres horas. La jueza Gutiérrez también descartó la posibilidad de una expulsión del territorio chileno.

Se trata de los militares bolivianos: teniente Jaime Herbas, subteniente Níger Ponce y sargento segundo José Bautista Carvajal, detenidos la madrugad del pasado 8 de septiembre.

Entre tanto, la defensa de los bolivianos demandó por una detención domiciliaria en el Consulado boliviano en Tarapacá y el pago de una fianza a calificarse porque no fueron delitos sino incidentes cometidos en el cumplimiento de su labor en la lucha contra el contrabando.  

La jueza indicó que los militares tenían pleno conocimiento que estaban ingresando de manera ilegal a territorio extranjero y la prueba son los reportes en audios que enviaron a través del WhatsApp a los superiores en Bolivia.

Los propietarios de los vehículos en cuestión Martín Benavidez Choque, Daniel Perales y Tito Javier Choque Canche se constituyeron en principales testigos y acusadores del presunto hecho de robo en la zona Pisiga Choque.

El abogado de los militares Christian Castro, argumentó que las supuestas víctimas intentan aprovecharse de su propio dolo y tienen antecedentes policiales en Bolivia.

Afirmó que bajo ningún punto de vista se trata de un delito de robo, sino una acción propia de los militares bolivianos en su misión de luchar al contrabando.

Acotó que no cometieron intimidación ni delitos de robo, por tanto, no pueden constituir un peligro para la sociedad chilena, sino que cumplían una labor encomendada por el propio Estado boliviano.

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