• El TSE exige al TCP y a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial el “respeto a la independencia de poderes”.

Trinidad, Innovapress, 4 may 2024.- La demora en el proceso de preselección de aspirantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) representa un “riesgo para la democracia y la seguridad jurídica del país”. Las judiciales y otros comicios como las generales de 2025 corren el riesgo de no concretarse.

Ese es el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dio lectura el presidente en ejercicio del Órgano Electoral, Francisco Vargas.

Este 2 y 3 de mayo, el Órgano Electoral Plurinacional se reunió en la Trinidad, con la presencia de las y los vocales del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales del país. 

Ese hecho, según el pronunciamiento, representa un “riesgo para la democracia y la seguridad jurídica del país, que afecte la elección y posesión de las autoridades judiciales este año, además de coincidir con la realización de procesos electorales que se avecinan”.

A pesar de esa situación, el TSE exhorta a los asambleístas a buscar la “resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento”, para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales.

Demandó que se puedan lograr consensos que garanticen la “transparencia e idoneidad” en la preselección de candidatos, en el plazo establecido por ley.

“El Órgano Electoral Plurinacional está preparado para convocar y administrar las elecciones judiciales del año en curso, aprobar el calendario electoral y los reglamentos, inmediatamente reciba la nómina de candidatas y candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Exige al TCP y a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial el “respeto a la independencia de poderes”, contemplado en la Constitución Política del Estado en su artículo 12.

“Exhortar a las autoridades competentes a buscar la resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento, para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales, así como la Asamblea Legislativa Plurinacional, para lograr consensos que garanticen transparencia e idoneidad en la preselección de candidatos, en el plazo establecido por dicha ley”.

IP/RDC