La Paz, 5 de mayo de 2024
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Naciones Unidas afirma que someter a una niña a un embarazo forzado es tortura

– Exhorta a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual porque no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal y otros.

Naciones Unidas recomienda al Estado asumir un rol responsable para evitar más traumas a la niña embarazada/ Foto: ilustración

La Paz, Innovapress, 27 oct 2021.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) recordó este miércoles que someter a una niña a un embarazo forzado implica una tortura por lo que exigieron a las autoridades e instancias pertinentes evitar mayores traumas a la menor que fue víctima de una agresión sexual en Santa Cruz.

“Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura”, resonó el organismo internacional a tiempo de pedir que se intensifiquen los esfuerzos para la protección de los derechos de las menores víctimas de violencia sexual y de embarazo forzoso.

Calificó que esos hechos son “manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”, por lo que exteriorizó su “preocupación ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años”.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, arguye el organismo internacional.

El abuso sexual del que fue objeto la niña en Yapacaní en Santa Cruz por su abuelastro ha generado mucha polémica y cruce de posiciones entre organizaciones de activistas, la Defensoría del Pueblo, de la Niñez y de Derechos Humanos, además de la Iglesia Católica por avalar o interrumpir el estado de gestación de la niña.

En las últimas horas, la menor recibió el alta del Maternológico y trasladada a un hogar regido por la Iglesia Católica en Santa Cruz, para que siga con el embarazo, luego que su familia desistiera de la interrupción legal del mismo.

“Es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas”, señala la ONU.

“Ellas y sus familias, -añade- antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”.

Expresa que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Añade que el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades “ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable”.

Recuerda que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que “la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo”.

“La importancia -recomienda- de contar con una ley marco de derechos sexuales y derechos reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo”.

IP/MP

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