-Dos abogados también afirmaron que se puso en riesgo la vida de la madre y del nuevo ser. Nació con 500 gramos.

Santa Cruz, Innovapress, 6 nov 2021.- La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, Inés Galviz, denunció el sábado el nacimiento del hijo de la niña madre de 11 años en un nosocomio de esta capital de manera prematura y que, en ello, se puso en riesgo la vida de la pequeña progenitora y del nuevo ser.

“Esto para nosotros es como una cortina de humo y sabemos que la niña dio a luz anoche (por el viernes), que el bebé nació y que lo tienen desarrollándose en una incubadora aquí mismo en el hospital (Francés) y no la podemos encontrar a la niña madre, no hay, yo no sé dónde la tienen, pero eso es un riesgo para la salud tanto de la madre menor y del nuevo ser”, expresó.

El bebé tendría un peso de unos 500 gramos y se espera que las autoridades brinden detalles sobre el estado de salud de la menor madre y del recién nacido, de acuerdo con los abogados Néstor Higa y Yovani Cabello, defensores de la madre de la menor y acusan al Estado de no haber permitido el desarrollo normal del nuevo ser.

Ambos juristas denunciaron que la madre fue “prácticamente secuestrada” y “perseguida” para alejarla de su hija (la niña embarazada); aunque antes de la intervención ya la madre había revelado que no veía a la niña desde su ingreso a un albergue de la Iglesia Católica.

La niña madre habría sido sometida a la intervención quirúrgica en el hospital Francés.

Higa y Cabello anunciaron una acción de libertad por considerar que se trata de una persecución contra la mamá y la niña. Además, porque el Estado, dijeron, no tome en su poder la vida de estas personas.

“La Sala Constitucional, al momento de emitir el fallo, pidió especial reserva. Por lo menos, hasta el día lunes no vamos a dar ninguna información. Lo único que puedo decirles es que se generó una protección respecto a los derechos de la niña”, declaró por su lado, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El caso cobró notoriedad porque después de que se informara que la familia había decidido acogerse a la interrupción legal del embarazo, lícita en caso de violación, intervinieron la Iglesia Católica y otras organizaciones y la madre dio marcha atrás; después declaró, cercada por un abogado, que nunca consideró un aborto.

Naciones Unidas califica como tortura obligar a una niña a seguir con un embarazo.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a que en Bolivia el Estado debe proteger a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados. De esa manera hizo referencia al caso de la menor de 11 años en Santa Cruz que resultó embarazada por su abuelastro tras una agresión sexual.

“El embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, difundió la organización.

IP/MP