-La denuncia es contra Armin Dorgathen, presidente de YPFB.

Sucre, Innovapress, 10 may 2023.- Los exministros de Gobierno y de Desarrollo Productivo, Carlos Romero y María Teresa Morales, respectivamente, llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para  oficializar la denuncia por la supuesta compra irregular con sobreprecio de diésel por 723,4 millones de dólares a través de una intermediaria.

En el memorial ambas exautoridades piden la intervención directa del Ministerio Público ya que “se trata de un millonario hecho de corrupción en la compra de combustibles con sobreprecio, por encima de la demanda que tiene el país y todo para abastecer al contrabando de carburantes”.

“La denuncia es contra Armin Dorgathen Tapia, director ejecutivo de YPFB, y lógicamente, producto de las investigaciones contra quienes resultaren responsables, materiales e intelectuales de este apuñalamiento a la economía nacional”, explicó Romero.

Explicó que acudieron ante el Fiscal General del Estado como ente defensor de la sociedad que tiene la responsabilidad de dirigir funcionalmente las investigaciones.

“Nosotros, con los contratos y la documentación estamos demostrando que en 2022 se dispara la importación de diésel y gasolina y desde 2021 ya se disparan las comisiones a los broker, y eso explica que el año pasado se ha erogado más de 4.000 millones de dólares por importación de combustible”, según Romero.

Señaló que en este caso la víctima es el Estado, mientras que los victimarios son el presidente de YPFB, Armin Dorgathen y sus “compinches”.

Los exministros denunciaron una presunta “megacorrupción” de parte de YPFB en la compra supuestamente con sobreprecio de combustible, que es subvencionado por el Estado, además de favorecer a determinadas empresas. 

Morales denunció sobreprecios por más de 3.000 millones de dólares, a través de la importadora de carburantes Trafigura.

“Esta importación tiene un sobreprecio grotesco y una sobre importación grotesca”, remarcó.

“Una megacorrupción que tiene varios elementos. Uno de ellos es una importación enormemente grande, desmesurada de cantidad de combustible que no se justifica de gasolina y de diésel”, recalcó la exministra Morales.

Sobre la base de datos de la propia Aduana de Bolivia y la Aduana de Chile, Morales afirmó que esta irregularidad se ha producido durante 15 meses, de enero de 2022 a marzo de 2023.

A modo de ejemplo, mencionó que, en marzo de 2022, la empresa minera San Cristóbal importó diésel a un precio de $us 1,17 por kilo (precio FOB de transporte marítimo), mientras que YPFB lo adquirió a un precio de $us 1,6 por kilo. Según los cálculos, el presunto sobreprecio en ese mes ascendería a 33.000.000 dólares.

IP/RDC