• Sostiene que la norma no afecta a la propiedad privada. Desde la bancada oficialista presentaron un recurso de control de constitucionalidad.

La Paz, Innovapress, 10 may 2024.- El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la aplicación del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales y lamentó la campaña del ‘evismo’ y de la oposición por la desinformación para hacer creer que se pone en riesgo la propiedad privada.

“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el Decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice esa instancia”, afirmó el mandatario en un diálogo con ciertos periodistas.

Negó que el decreto busque “afectar la propiedad” o “expropiar” las casas, como algunos políticos, entre ellos los asambleístas de Evo Morales y de la oposición (Creemos y Comunidad Ciudadana), develaron para movilizar a la gente y provocar malestar.

Comparó el contexto con lo suscitado en 2009, cuando desde la oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitar casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

El 10 de abril, Arce promulgó el Decreto Supremo 5143 que reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales del 15 de noviembre de 1887.

Semanas después surgieron los primeros cuestionamientos por la susceptibilidad de que se afecte al patrimonio de los ciudadanos, principalmente, por la intervención de la Agencia Estatal y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), dependiente de la Presidencia.

De acuerdo con el presidente Arce, el objetivo del decreto es “ordenar” Derechos Reales, contar con sistema informático único, y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.

La meta es contar con “Derechos Reales fortalecido, automatizado y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños”, pero -añadió- “al parecer hay intereses a los que les conviene que esto se siga así”.

Control de constitucionalidad

Desde la bancada oficialista en la Cámara Baja elevó una acción de inconstitucionalidad al TCP de carácter abstracto y solicitó una medida cautelar para la suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, dijo que el objetivo es para someter a un test de constitucionalidad.

Además, se solicitó una medida cautelar al Tribunal Constitucional que permita “paralizar los efectos jurídicos referidos de este decreto”.

Es más, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, detalló que el decreto apunta a evitar las dobles partidas y avasallamientos, para brindar seguridad a la población y transparentar los trámites a través del uso de la tecnología, entre otros.

IP/RDC