-No puede haber un vacío y es constitucional, defienden que los cuatro órganos del Estado funcionen simultánea y permanentemente.

La Paz, Innovapress, 13 dic 2023.- El Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Iván Lima y la Procuraduría General a través de su titular, César Siles, justificaron este miércoles la prórroga de mandato de magistrados y consejeros judiciales dispuesta en su última resolución por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Lima dijo que los poderes del Estado deben seguir funcionando. “Una sociedad como la boliviana que es profundamente respetuosa de su Constitución, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente”, escurrió Lima en la Cancillería en el acto de la presentación del informe de la CIDH.

A su vez, el Procurador aseguró que el fallo 0049/2023 fue apegado a la Constitución Política del Estado.

“Es un fallo que seguramente no va a gustar a muchos, pero en criterio de la Procuraduría y del procurador del Estado está basado en la Constitución y en las discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente al momento de aprobar los artículos en cuestión”, justificó Siles.

Llamó a la Asamblea a retomar de inmediato las negociaciones que permitan la elección de nuevos magistrados porque la Carta Magna, dijo, exige dos requisitos: la preselección por dos tercios de voto de los asambleístas y el voto ciudadano. 

“Bolivia tiene cuatro órganos del Estado que funcionan simultáneamente. No puede existir un vacío de poder. Los cuatro órganos deben seguir funcionando independientemente del cumplimiento del mandato de las autoridades actuales, de representantes del Órgano Judicial”, apuntó.

Siles justificó que cuando un órgano del Estado no cumple su atribución constitucional, como pasó con la no realización de las elecciones judiciales, otro órgano debe salir en su auxilio.

“En consecuencia, consideramos que es una declaración constitucional enmarcada en la Constitución Política del Estado, en el principio vinculante de la Constitución y la irradiación de esa vinculatoriedad”, acotó.

Recalcó que el único interprete de la Carta Magna es el Tribunal Constitucional, y que el mismo asume todas las responsabilidades que emerge en consecuencia.

IP/RDC