• El mandato de los magistrados del TCP y del Órgano Judicial feneció el 31 de diciembre de 2023 e inicia la ‘autopórroga’ este 2 de enero. El origen de la crisis se remonta a la división del partido en función de Gobierno que junto a la oposición no pudieron ponerse de acuerdo y no garantizaron las elecciones judiciales el año pasado. ¿Hay vacío de poder?

La Paz, Innovapress, 1 ene 2024.- Bolivia inicia, a partir de este 2 de enero, un periodo judicial sin que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de los vocales del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura) hayan sido elegidos por sufragio universal.

Todos ellos ya cesaron en sus funciones, fueron elegidos en elecciones judiciales el 3 de diciembre de 2017 y su mandato fue de seis años. Varios legisladores de oposición coincidieron en que “¿tendrán legalidad institucional y legitimidad?”.

La sociedad boliviana se opone a la decisión del TCP de aprobar la prórroga indefinida de su propio mandato y del de los otros tribunales judiciales del país. Esta decisión se debe al atraso de las elecciones judiciales que estaban programadas para 2023, pero el propio TCP contribuyó al mismo, al declarar inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Legislativo para convocar a las elecciones. Bolivia es el único país latinoamericano que elige a sus principales magistrados por voto popular.

“Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elija y posesione a las nuevas autoridades”, señala la sentencia 0049/2023 del TCP.

De acuerdo con la Constitución en su Artículo 183 I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

Artículo 184 I. Las Magistradas y los Magistrados, Vocales y Jueces no podrán ser reelegidas ni reelegidos, ni designados consecutivamente. Su periodo de mandato o ejercicio en el cumplimiento de funciones será de seis años

El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió la intervención del TCP para resolver el problema que enfrentaba el país por la falta de elecciones judiciales el año pasado que iba a dejar un vacío en el Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2024.

Para la oposición, en cambio, Lima y las autoridades judiciales operaron en común acuerdo para impedir las elecciones, ya que buscaban esta prórroga.

El Gobierno lo hizo, según la oposición, porque no cuenta con la mayoría necesaria en la Asamblea para elaborar una lista de candidatos que conserve su influencia sobre los tribunales de justicia.

Y los magistrados, para mantenerse en sus puestos por un tiempo cuya duración es impredecible, ya que la Asamblea Legislativa parece incapaz de convocar a elecciones de manera unitaria y carece de la fuerza necesaria para vencer en el conflicto de poderes que libra con el TCP.

El origen del problema se remonta a la división del Movimiento Al Socialismo (MAS) en dos facciones, y, por tanto, en dos bancadas: una que apoya al presidente Luis Arce y otra que sigue a Evo Morales.

Con la pelea, se hizo imposible que el oficialismo logre los dos tercios de votos legislativos que necesita para llevar adelante unas elecciones judiciales a su medida.

Pese al gran rechazo político, lo más probable es que la sentencia del TCP se imponga. Según algunos juristas, las decisiones que los magistrados tomen después del agotamiento de su mandato constitucional podrían ser consideradas ilegítimas por los litigantes, pero la posibilidad de presentar recursos contra estas autoridades dependerá de la correlación de fuerzas políticas, que solo se alterará con las elecciones presidenciales de 2025.

IP/RDC