- Una acción de cumplimiento en La Paz busca obligar al Legislativo a procesar al mandatario por injerencia extranjera, mientras la Fiscalía de Santa Cruz analiza una querella por enriquecimiento ilícito contra la Primera Dama.
La Paz, Santa Cruz, Innovapress, 28 ago 2026.- El escándalo político derivado del caso Fernando Cerimedo escaló hasta convertirse en una amenaza penal directa contra el núcleo familiar del presidente Rodrigo Paz Pereira. En una ofensiva jurídica simultánea desplegada en dos departamentos, un bloque de juristas independientes interpuso una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz para forzar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a iniciar de forma inmediata un juicio de responsabilidades contra el primer mandatario bajo el cargo constitucional de traición a la patria.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz recibió una denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias contra la primera dama de la nación, María Elena Urquidi.
El recurso constitucional contra el jefe de Estado fue estructurado por los abogados Wilmer Vásquez, Oscar Vásquez y Jaime Choque, quienes denunciaron una «omisión inconstitucional» por parte del Parlamento tras el silencio de la Cámara de Senadores a una solicitud previa radicada el 24 de agosto.
Los accionantes sustentan la acusación de traición a la patria —prevista en el artículo 124 de la CPE— basándose en indicios materiales secuestrados en los allanamientos policiales, tales como tarjetas personales donde el ciudadano argentino figuraba como «asesor principal del Presidente» y la asignación de un correo electrónico institucional con dominio @presidencia.gob.bo con acceso al despacho presidencial.
“El presidente del Estado cometió traición a la patria porque hubo un extranjero en posición de mando, ejerciendo una injerencia externa directa contraria a la soberanía nacional. Nos estuvieron gobernando con un extranjero”, sentenció Wilmer Vásquez.
El segundo y más destructivo flanco legal golpea al entorno conyugal del mandatario en el oriente boliviano. El abogado Lucas Tórrez Añez formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público cruceño contra María Elena “Bibi” Urquidi y el propio Cerimedo, exigiendo una auditoría forense inmediata sobre presuntos cobros indebidos y beneficios económicos ilícitos relacionados con la importación y comercialización de combustibles, el contrabando de oro y la adjudicación de contratos estatales de seguros.
La querella penal se fundamenta en las declaraciones informativas de la activista Nadia Beller, quien tras sobrevivir a un atentado sicarial apuntó a la Primera Dama como presunta capitana de estructuras financieras irregulares de carácter transfronterizo.
Ante el sismo judicial que cerca las estructuras de Palacio Quemado, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la Unidad de Análisis tiene un plazo perentorio de 24 horas para dictaminar la admisibilidad, observación o desestimación del memorial presentado contra la esposa del mandatario.
El estallido de esta doble ofensiva jurídica pulveriza los esfuerzos del Órgano Ejecutivo por estabilizar su imagen tras el mensaje grabado del mandatario, e incrementa exponencialmente la presión sobre el ministro de Economía, Christian Morales, quien debe encarar el ultimátum del agro en las próximas 48 horas bajo la sombra de un recurso judicial que demanda medidas cautelares y congelamiento de bienes sobre todo el patrimonio de la familia presidencial.
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