- El titular de la Presidencia ensayó un sorpresivo repliegue discursivo y negó que el organismo internacional condicione el auxilio financiero a la eliminación de las subvenciones; el jueves había afirmado todo lo contrario ante la FAM-Bolivia.
La Paz, Innovapress, 1 sep 2026.- El entorno más cercano de Palacio Quemado sumó un nuevo capítulo de confusión discursiva en medio de la severa crisis fiscal y energética que golpea al país. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se desdijo abiertamente de sus propias declaraciones de la semana pasada y aseguró ante los medios de comunicación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha fijado como un condicionamiento taxativo el levantamiento de la subvención a los combustibles para viabilizar el desembolso de un crédito internacional, intentando así frenar el impacto político de sus pasadas revelaciones.
“Yo no planteé que era una condición levantar la subvención. Lo que yo decía era que para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario había que cumplir varias condiciones (…). Pero no es que el Fondo ha dicho condición A, B, C, D, no”, aseveró la autoridad nacional en un contacto con la prensa.
Con esta aclaración, Aramayo intentó matizar el revuelo provocado el pasado jueves durante una reunión técnica con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), escenario en el cual él mismo había señalado explícitamente que el Decreto Supremo 5676 —que elevó el diésel a 18 bolivianos para grandes consumidores— operaba como un requisito directo exigido por el organismo financiero.
De acuerdo con la nueva explicación del titular de la Presidencia, el programa macroeconómico y fiscal que el Gobierno diseña para recuperar credibilidad internacional se concentra en reformas estructurales como la unificación cambiaria y la estabilización del tipo de cambio, además de garantizar seguridad jurídica plena.
Aramayo especificó que cualquier acuerdo crediticio definitivo con el FMI deberá ser canalizado de forma obligatoria mediante un proyecto de ley para su respectiva aprobación en la Asamblea Legislativa, desmarcando temporalmente el ajuste del precio de los hidrocarburos de la negociación directa con el ente monetario internacional.
Pese al evidente giro discursivo que le valió el rótulo de “ministro de las contradicciones”, el jefe de la cartera de la Presidencia ratificó que el Poder Ejecutivo mantendrá vigente el Decreto Supremo 5676, descartando de plano cualquier intento de abrogación.
No obstante, admitió la posibilidad de emitir normativas complementarias y reglamentaciones específicas para optimizar su aplicación en el aparato productivo, abriendo un compás de espera hasta diciembre para estructurar un pacto energético nacional mediante diálogos sectoriales que atiendan de urgencia la escasez de divisas y carburantes.
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