- ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué el Ministerio de Defensa no actuó en su momento? ¿Por qué se dijo que era pirotecnia cuando hay soldados desaparecidos? Son algunas interrogantes que el Ejecutivo debe aclarar de frente a las familias que perdieron a sus hijos.

Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 13 sep 2026.- La estrategia del Órgano Ejecutivo de desviar la culpa por la tragedia del Regimiento Bolívar de Viacha empieza a hacer aguas en la opinión pública. Al activar una querella penal exprés contra el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, usando como escudo un informe técnico de septiembre de 2025 que advertía la «amenaza real» del material en descomposición, la actual administración del Ministerio de Defensa destapó su propia e injustificable inacción: dejó pasar casi 10 meses de la presente gestión sin mover un solo dedo para destruir o replegar los explosivos que terminaron costando la vida de nueve uniformados.
El archivo de declaraciones públicas desnuda una cadena de contradicciones y silencios que hoy golpean las puertas de la plaza Murillo. En las primeras horas posteriores al siniestro del pasado 4 de septiembre, voceros gubernamentales e incluso mandos militares intentaron bajarle el perfil al desastre asegurando ante los medios que las detonaciones correspondían únicamente a «material pirotécnico de desecho».
“Se registraron dos explosiones en el cuartel Bolívar de Viacha. La primera detonación habría sido provocada por pólvora negra de material pirotécnico. Posteriormente ocurrió una segunda detonación de mayor magnitud”, apostilló el titular de Defensa.

La versión oficial pretendía instalar la idea de un incidente menor, un argumento que hoy se estrella contra el dolor de las familias que exigen hallar los restos de los soldados que aún figuran como desaparecidos entre los escombros de los polvorines destruidos.
Diez meses de silencio ministerial
La gran interrogante que los analistas y la oposición ponen sobre el tablero político es el factor tiempo. Si la actual gestión del Ministerio de Defensa asumió el control del aparato estatal en noviembre del año pasado, tuvo acceso inmediato a toda la documentación y a los inventarios clasificados de las Fuerzas Armadas.
El informe del Centro General de Mantenimiento que alertaba sobre “embalajes deteriorados, humedad y alteración de compuestos químicos” no estaba oculto; formaba parte de los archivos administrativos que la actual autoridad debió fiscalizar y ejecutar de manera prioritaria.
“Es una vecindad de lavado de manos. Tratan de penalizar la gestión pasada para salvar la negligencia de estos diez meses de este año, donde sabían perfectamente que el cuartel de Viacha era una bomba de tiempo”, fustigaron legisladores de la Comisión de Defensa, cuestionando el por qué se esperó a que ocurriera una fatalidad con más de 80 heridos para recién despolvar el informe de 2025 y presentarlo ante la Fiscalía como un arma de ataque político.

El clamor de las familias
Mientras el Ejecutivo y el Ejército se concentran en armar el caso jurídico contra Novillo por homicidio culposo, las familias de las víctimas apuntan de frente a las autoridades actuales.
En las puertas del Regimiento Bolívar, los padres de los conscriptos exigen respuestas claras y no tecnicismos legales: demandan saber por qué se puso en riesgo la vida de sus hijos manteniendo pertrechos altamente volátiles en depósitos sin las condiciones mínimas de seguridad.
La etapa de investigación a cargo del Ministerio Público ahora no solo deberá revisar lo que se omitió en 2025, sino auditar minuciosamente las órdenes y la inacción del Ministerio de Defensa durante toda la presente gestión 2026.
Los plazos y el silencio administrativo del actual gabinete civil se han convertido en el flanco más débil de un Gobierno que hoy intenta esquivar su responsabilidad directa en el peor desastre militar en tiempos de paz de los últimos años.
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