- El ministro Fernando Aramayo lanzó una advertencia fatal a los sectores movilizados afirmando que ‘no se abroga’ la norma, mientras Régimen Interior admite que ejecutan un control militarizado «quirúrgico» en las carreteras.
La Paz, Innovapress, 26 ago 2026.- El Gobierno cualquier posibilidad de negociación del Decreto 5676. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sentenció que la norma no se abrogará y advirtió que la administración del presidente Rodrigo Paz no dudará en prorrogar la vigencia del Estado de excepción en el territorio nacional si persisten las medidas de presión y los bloqueos de carreteras, acciones a las que calificó como «intentonas desestabilizadoras» promovidas por grupos radicales.
“Si esta amenaza sigue, tiene que ampliarse el Estado de excepción. No podemos permitir que se interrumpan las garantías democráticas y que se violente el libre tránsito”, sentenció Aramayo en los pasillos de la Casa Grande del Pueblo.
El régimen de excepción rige desde el pasado 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636 con una duración inicial de 90 días calendario, teniendo fijada su fecha de caducidad para el próximo 18 de septiembre; sin embargo, el titular de la Presidencia recordó que la normativa faculta al Ejecutivo a tramitar una ampliación inmediata ante el pleno de la Asamblea Legislativa si se constata la persistencia de focos de conspiración civil.
Frente al cerco caminero que ya interrumpió el tránsito entre Santa Cruz y Trinidad en el puente San Pablo (Beni), el ministro Aramayo fue cortante al despachar las exigencias de los agroproductores: “No se abroga. Eso de ‘bueno, no me gusta, se abroga o se deroga’, entonces ¿qué propones? ¿Qué preferimos, que no haya abastecimiento y que las colas perpetuas sigan al frente de los surtidores?”, cuestionó.
Aramayo argumentó que el valor de Bs 18 por litro es de carácter referencial, técnico y responde estrictamente a los parámetros internacionales de paridad de importación, abriendo únicamente espacio para realizar ajustes de diseño a través de reglamentaciones complementarias en las mesas sectoriales.
La línea dura desplegada por Aramayo coincide con las precisiones tácticas del viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, quien defendió la efectividad del despliegue policial-militar en el oriente del país. Paredes calificó la intervención de los uniformados como un operativo «quirúrgico», diseñado de tal manera que las fuerzas del orden controlen exclusivamente los puntos calientes del conflicto sin alterar el normal desarrollo de las actividades urbanas de la población civil. No obstante, el viceministro señaló que el debate sobre extender el régimen militarizado se discutirá formalmente a principios de septiembre en el gabinete de ministros.
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