- En un acto en la refinería Guillermo Elder Bell, el jefe de Estado argumentó que los precios internacionales obligan a tomar “decisiones difíciles”. Defendió el cambio de matriz económica bajo la premisa de que prefiere inyectar los recursos estatales en refinerías e infraestructura pública antes que mantener el subsidio.

Santa Cruz, Innovapress, 18 sep 2026.- El Órgano Ejecutivo oficializó el inicio de un drástico viraje en su política de hidrocarburos y estabilidad social. El presidente Rodrigo Paz Pereira ratificó de forma contundente la determinación de aplicar un recorte definitivo al histórico esquema de subvención estatal a los combustibles, advirtiendo a la ciudadanía sobre la inminencia de un severo ajuste macroeconómico. La declaración presidencial se consolidó durante la inspección técnica efectuada a las instalaciones de la refinería Guillermo Elder Bell en la capital cruceña.
El mandatario argumentó que las presiones del mercado energético internacional limitan los márgenes de maniobra de las arcas fiscales, obligando a su administración a ejecutar medidas de shock estructural.
“Prefiero invertir en refinación que en subvención”, aseveró Paz Pereira, puntualizando que el capital que actualmente se destina a amortiguar el costo de los carburantes importados será redirigido hacia el potenciamiento de la refinación interna y la construcción de hospitales, escuelas e infraestructura vial.
Para graficar la asfixia del sistema, comparó que el costo total de construir una carretera de $us 90 millones equivale a los recursos que el Estado consume en apenas dos semanas sosteniendo el actual subsidio de diésel y gasolina.
Importación a precio internacional
La estrategia gubernamental se apoya legalmente en la vigencia del Decreto Supremo 5701. Esta normativa autoriza de forma excepcional a las refinerías nacionales Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell a importar petróleo crudo de forma directa, procesarlo en sus plantas y comercializar los derivados resultantes (diésel, gasolina y jet fuel) en el mercado interno bajo una banda de precios reales de mercado, quedando estos volúmenes completamente fuera del paraguas de la subvención fiscal.
La apuesta apunta a reabrir la capacidad operativa de las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las cuales arrastran un marcado declive productivo.
Datos del Ministerio de Hidrocarburos revelan que, pese a contar con una capacidad instalada conjunta de diseño para procesar 63.750 barriles por día, entre enero y julio de la presente gestión el procesamiento real promedió apenas 24.067 barriles diarios debido a la crítica escasez y baja disponibilidad de crudo nacional en los pozos.
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