- Oficialistas y opositores denunciaron que el millonario financiamiento de $us 1.900 millones arrastra cláusulas de ajuste ocultas. La polémica escaló tras revelarse que los fondos de libre disponibilidad se usarán para el pago de sueldos y aguinaldos estatales.
La Paz, Innovapress, 18 sep 2026.- El programa de financiamiento externo por $us 1.900 millones gestionado por el Órgano Ejecutivo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) desató una tormenta de recriminaciones políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Legisladores oficialistas y opositores fustigaron que la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira carezca de un plan macroeconómico integral de contingencia y deba recurrir al endeudamiento multilateral para sostener las finanzas del país, bajo sospecha de aceptar condiciones que afectarán directamente la estabilidad social.
Las alertas en el hemiciclo se intensificaron luego de que el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, confirmara públicamente que los recursos comprometidos por el organismo internacional son de libre disponibilidad, abriendo de forma explícita la posibilidad de utilizarlos para cubrir los salarios y aguinaldos del sector público de fin de año debido a la baja estacional en la recaudación impositiva.
‘No se dieron respuestas claras’
Durante el debate legislativo, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Sandra Rivero, cuestionó con dureza la exposición de los ministros del área económica y lamentó el silencio de las autoridades ante las interrogantes planteadas por los legisladores fiscalizadores.
“Ayer (por el jueves) el ministro (Christian Morales) no dio respuestas claras, por ejemplo, a preguntas que imagino toda la población quiere saber”, enfatizó Rivero.
La legisladora rechazó la postura gubernamental de negar supuestos condicionamientos del organismo de financiamiento, insistiendo en que existen aspectos del convenio bilateral que debieron desglosarse con transparencia ante el país.
En esa misma línea, el diputado Fabián Romero justificó su rechazo al crédito denunciando una total falta de solvencia técnica por parte del Ejecutivo.
Alerta por gasto corriente y el fin de los subsidios
La confirmación de que el préstamo servirá de auxilio presupuestario para planillas estatales reavivó los cuestionamientos de la diputada de Alianza Popular, Claudia Herbas, quien exigió prohibir el desvío de divisas hacia el aparato burocrático.
“Este dinero no puede entrar para pagar a gasto corriente, lo que tiene que entrar evidentemente es a las reservas internacionales”, sentenció Herbas de manera categórica.
La legisladora advirtió que las revisiones técnicas al preacuerdo exponen compromisos severos de política económica a mediano plazo que el Gobierno intentó minimizar, entre los que figuran la eliminación gradual de los subsidios a los hidrocarburos hasta el año 2027, la reducción drástica del gasto público y reformas colaterales que impactarán de forma lesiva en las tasas de interés y el poder adquisitivo del salario.
Frente a la andanada de críticas, el Ministerio de Economía ratificó la urgencia de viabilizar el programa de 36 meses bajo el argumento de que estabilizará la economía general, reducirá el déficit fiscal recurrente y blindará las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), permitiendo además catalizar el acceso a nuevas líneas de crédito con otros organismos de desarrollo global.
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