La Paz, 20 de mayo de 2024
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Revelan daño económico en YPFB por 1,21 millones de dólares

-Tienen responsabilidad el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora y el expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz. Destinaron recursos a nombre de lucha contra el Covid-19 violando procedimientos de licitación y de compras estatales.

La conferencia de prensa del presidente de YPFB, Wilson Zelaya en La Paz/ Foto: Prensa YPFB

Innovapress, 26 abr 2021.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció este lunes un daño económico a la estatal petrolera del exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y del ex presidente de la empresa, Herland Soliz por 12,8 millones de bolivianos exigidos para un plan de emergencia por el Covid-19 de los cuales al menos 1,21 millones de dólares fueron ejecutados de manera irregular.

Según la estatal, los recursos económicos formaban parte de un desembolso total de 1,85 millones de dólares para el programa creado por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, mediante una resolución, y una instrucción del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz.

“El monto solicitado a estas empresas (subsidiarias de Yacimientos) asciende a un total de 12,8 millones de dólares, que equivalen a 1,85 millones de dólares, de los cuales 1,21 millones de dólares fueron ejecutados de manera irregular”, denunció el presidente de la petrolera Wilson Zelaya.

Explicó que la detección de la irregularidad fue lograda luego de una investigación realizada por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB.

La Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, fue el instrumento con el cual estas autoridades y otros funcionarios, también sindicados, realizaron el movimiento de recursos para el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19 (UMEC-YPFB).

“Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, se lee en ese documento.

“Esta autoridad (Zamora) no tenía competencias para emitir esta resolución por lo que es ilegal”, precisó la directora de Transparencia de YPFB, Erika Chávez, durante una conferencia de prensa en La Paz.

Además, esta Resolución Ministerial conmina a “disponer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias quedan encargadas de la realización, ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial”.

Es decir que: Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron los 1.850.000 dólares en diferentes porcentajes, de los cuales 1.210.000 dólares fueron ejecutados.

Según Zelaya, para esas adquisiciones de la supuesta lucha contra el coronavirus no se hicieron cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal.

Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.

Zelaya precisó que “se ha instruido a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna para tener mayores detalles y responsabilidades. Además, se realizarán las acciones legales contra las empresas que han incumplido normativas”.

Entre tanto, Chávez agregó que “además se evidenció direccionamiento en la contratación de las empresas, les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”.

Ante esta situación, YPFB iniciará acciones penales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica ante el Ministerio Público donde ya se presentó la denuncia.

IP/MP

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