– La CAF tiene aprobado un crédito de $us 112 millones para la obra y puede notificar en cualquier momento “con la suspensión”.

Santa Cruz, Innovapress, 22 ago 2023.- La Gobernación de Santa Cruz definió este martes no ejecutar la carretera Santa Cruz-Buena Vista-Las Cruces, porque -argumenta- que pasa por acuíferos que suministran del vital líquido elemento a la ciudad de Santa Cruz.

Al mismo tiempo, rechazó la advertencia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre iniciar procesos contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, si no aprueba la ejecución del tramo.

Pobladores de Buena Vista cumplen el noveno día de bloqueos exigiendo la construcción del tramo.

Efraín Suárez, asesor de la Gobernación, dijo: “El Gobernador Camacho seguirá defendiendo el agua de los cruceños, así lo llenen de procesos”, enfatizó en respuesta al anuncio hecho por el gerente regional de la ABC, René Solano, quien confirmó que se inició una acción penal por incumplimiento de deberes en contra de Luis Fernando Camacho por no acatar convenios firmados para el impulso de la obra.

Suárez indicó que hay “capricho desde el Gobierno de construir esta vía que no ha logrado el consenso entre todas las partes involucradas debido a que el tramo II, atravesaría los acuíferos de la Unidad de Conservación para el Patrimonio Natural (UCPN) Güendá – Urubó”.

“El Movimiento Al Socialismo se ha encaprichado en llevar adelante una carretera por el medio de los acuíferos que provee de agua a más de 2 millones y medio de personas en Santa Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

ABC

De acuerdo con el gerente regional de la ABC, René Solano, la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina tiene un crédito aprobado por $us 112 millones para la ejecución de la obra y expresó que hay riesgos “inminentes” por el conflicto por lo que la entidad internacional puede notificar en cualquier momento “con la suspensión del crédito”.

Por ello, se inició un proceso penal contra el gobernador Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes.

“Desde la nacional se le está realizando (el proceso). La MAE (máxima autoridad ejecutiva) ha empezado las acciones legales (…). Aquí hay daños y se está avanzando para dar cumplimiento a este convenio”, afirmó Solano.

“El convenio es claro y dice que el beneficiario se compromete a gestionar la ratificación del presente convenio ante la Asamblea Legislativa Departamental en un plazo máximo de cuatro meses. En caso de no cumplir esta obligación, asumirá los reclamos daños y perjuicios que se generan por esta situación”, acotó.

Según Solano, a la Gobernación no le interesa la carretera pese a los reclamos de los pobladores de varios municipios.

La carretera tiene una longitud de 80 kilómetros y su costo es de $us 212.000.000, de los cuales el Gobierno aporta el 70% y la Gobernación el 30%. La CAF aprobó el crédito para financiar la obra y desde 2018 se paga intereses.

IP/RDC