-El propósito es adecuarla a la Constitución Política del Estado para evitar su rechazo generalizado y que no se ponga en riesgo la inversión.

Innovapress, 1 oct 2021.- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), demandó este viernes de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo la suspensión del tratamiento del proyecto de Ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales para allanar el camino del diálogo y del consenso previo.

A través de un pronunciamiento la CEPB considera que el proyecto de ley “contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.

Los privados plantean que el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas ingrese a un espacio de diálogo entre los actores involucrados, “a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución”.

Advierten serias falencias e impactos de la norma para el desarrollo de la actividad productiva y la vida misma de los ciudadanos.

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 218/2021 presentado por el Ejecutivo que, de acuerdo al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el legajo se encuentra enmarcado en convenios internacionales.

Sin embargo, la CEPB considera que la adecuación normativa a acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, “no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”.

Ya varios gremios de la sociedad, como los gremios de prensa, gremiales, médicos, maestros, transportistas, microempresarios e iglesias exteriorizaron su desacuerdo con varios alcances de su contenido.

Sobre este tema, los empresarios señalan que “evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo” y reflexiona que “las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía”.

Recientemente el directorio de la CEPB remitió una serie de observaciones al Ejecutivo al mismo tiempo que pidieron una reunión “para transmitir directamente las observaciones que tenemos sobre esta regulación y que inquietan al sector productivo en el país”.

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