-La Ley 218 de legitimación contra las ganancias ilícitas era solo un complemento. Hay medidas de presión para la próxima semana. El Gobierno desmiente que se siga atentado contra el patrimonio de ningún sector.

Innovapress, 15 oct 2021.- La Confederación Nacional de Gremiales no está satisfecha con el retiro de la Asamblea Legislativa de la Ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas, ahora lo que se exige es la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo por ser la columna de la enajenación del patrimonio de este sector.

La Ley 1386 fue sancionada por la Asamblea Legislativa el 28 de julio y promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto pasado, sin mayores repercusiones, pero que de igual forma es “inquisitoria” que atenta contra el patrimonio de los agentes económicos en el país.

El ejecutivo de este sector, Francisco Figueroa, explicó que esa es la norma principal con la que pretendía ser complementada con la Ley 218 retirada del Legislativo el jueves y ahora las movilizaciones de este sector es con ese cometido, su abrogación.

“El Gobierno ha retirado un proyecto de ley, pero debemos decir que otra ley la 1386 que es la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es igual de inquisitoria. Esta es la ley madre si ellos (el Gobierno) anulan solo una, es para querer salvar al Gobierno del momento actual, pero nosotros no estamos de acuerdo y desde la próxima semana asumiremos otras medidas de presión como el paro de labores de 48 horas”, indicó.

Afirmó que en ese propósito se asumirán medidas en bloque conjuntamente con los maestros rurales, las cooperativas mineras y el transporte libre y sindicalizado, entre otros, como Adepcoca en La Paz.

Respecto a las posibles amenazas contempladas en la Ley 1386 “la norma incrimina al comercio informal por ejemplo en el artículo 10 que refiere que a través del comercio informal ingresa el lavado de dinero a Bolivia”.

Dijo Figueroa que en vez que el Gobierno incrimine al sector gremial debería proporcionar créditos blandos a largo plazo para reponer al sector ya que son más de dos años de pandemia y es el sector que más ha sufrido en Bolivia.

Gobierno

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el retiro de la Ley 218 es una muestra que el Gobierno actúa escuchando al pueblo, a las organizaciones sociales.

Afirmó que la apreciación del sector gremial no es correcta respecto a la Ley 1386 y la Ley 218, ya que esta última tiene que ver con una de las 40 Recomendaciones que da el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para su implementación en cada uno de los países.

Sin embargo, dijo Lima, la Ley 1386 “tiene que ver con una política integral que no afecta la materia penal que está contemplado en el proyecto de ley que ha sido retirado”.

“Tenemos en el país recomendaciones internacionales en documentos, hay 40 puntos que plantea el GAFI y uno de ellos se traduce en el proyecto de Ley 218 y los otros aspectos no tienen relación, por lo tanto, no tiene sentido hacer una relación porque una estrategia nacional no tiene un carácter vinculante es un documento que genera una política, un cronograma y la posibilidad de implementación condicionada al trabajo legislativo”, añadió Lima.

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