-De lo contrario asumirán un paro nacional indefinido. Pidieron a los entes cívicos sumarse a la medida de presión a partir del 8 de noviembre próximo.

Santa Cruz, Innovapress, 28 oct 2021.- La cumbre multisectorial de sectores sociales integrado por gremiales, transporte pesado, maestros y juntas vecinales aprobó este jueves dar un plazo hasta el 7 de noviembre próximo para que el Gobierno abrogue la Ley 1386 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, de lo contrario, a partir del 8 asumirán medidas de hecho.

El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, informó que la decisión fue adoptada en vista de la negativa del Ejecutivo de no dar vistos de anular la norma que atenta contra el patrimonio de gran parte del pueblo boliviano.

“Las instituciones nacionales, entre ellos el autotransporte pesado, el local, el sindicalizado, el sector gremial y los médicos, además de algunas juntas de vecinos con los que nos hemos reunido han resuelto ir a un paro indefinido desde el día lunes 8 de noviembre si hasta el 7 de noviembre no se abroga la Ley 1386”, advirtió el ejecutivo gremial.

En el encuentro de este jueves se contó con la participación de transportistas confederados de larga distancia, nacional e internacional, cámaras departamentales de transporte, asociaciones de taxis y juntas de vecinos, maestros y algunos otros.

“Hemos resuelto dar un plazo de ocho días, que fenece el 7 de noviembre. Caso contrario estaríamos volviendo a salir a las calles en un paro indefinido con cierre de mercados y cierre de fronteras a cargo de todos los sectores”, agregó Figueroa.

Figueroa pidió a los comités cívicos de las diferentes regiones del país sumarse al paro a fin de que las movilizaciones y los bloqueos sean contundentes.

“También debemos pedir a todos los comités cívicos, un apoyo a las instituciones que somos la mayoría de nuestro país, para que se anule esta ley madre que perjudica a todo el país”, señaló.

El Gobierno y los legisladores del oficialismo descartaron abrogar la norma y, por el contrario, convocaron a los sectores a diseñar la reglamentación de la norma promulgada en agosto e incidir en el proceso de socialización, porque en su criterio, no se atenta contra ningún sector social y emprendedor del país.

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