– También constató denuncias de agresiones físicas a periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, corresponsales, entre otros.

La Paz, Innovapress, 19 ene 2023.- La Defensoría del Pueblo reportó el jueves que atendió 71 denuncias de transgresiones de derechos humanos durante el paro cívico de 36 días en Santa Cruz encarados entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022.

Esas denuncias están contempladas en: vulneración al derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de información, salud, violencia contra las mujeres, educación, integridad personal y pueblos indígenas, entre otros, de acuerdo con el detalle del ‘Informe Preliminar Situación de la Vulneración de los Derechos Humanos en el paro por el censo en Santa Cruz’, publicado por la institución.

“La pugna política de actores de poder y fuerzas antagónicas de un conflicto determinado afecta a la población que al final muchos se convierten en víctimas colaterales, aquellas personas que son parte del tejido social que debemos cuidar. Tenemos que aprender y no repetir los errores que han costado vidas y han quebrado a varias familias bolivianas”, manifestó, en consecuencia, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Producto de la escalada de violencia se iniciaron tres investigaciones respecto a la vulneración del derecho a la vida como la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, el degollamiento de un motociclista en proximidades del quinto anillo y el caso del joven apuñalado en el Barrio Lindo.

La Defensoría del Pueblo también constató denuncias de agresiones físicas a periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, corresponsales, entre otros, quienes fueron interceptados por grupos de manifestantes, efectivos policiales y otros actores movilizados. Los hombres de prensa recibieron pedradas y palizas, entre otras agresiones que en algunos casos dejaron heridos de gravedad.

Callisaya rememoró las escenas donde manifestantes en puntos de bloqueos impedían el paso de las ambulancias y agredieron a los ocupantes. Asimismo, remarcó la afectación a los pacientes que no pudieron llegar a sus tratamientos vitales como enfermos de cáncer y renales, entre otros.

“Lamentamos que hubo denuncias donde se recabó datos que los bloqueadores obligaron a exponer a los infantes para verificar si físicamente mostraban signos de pacientes oncológicos (falta de cabello o le falte algún órgano) y cuestionó la condición si no cumplía con tales signos, obstruyendo su traslado”, enfatizó.

Indicó que no se pudo atender con prontitud un caso de violencia sexual a una mujer y confirmó un caso de violación múltiple a mujer. También reportó agresiones a mujeres indígenas por parte de movilizados.

IP/MP